El silencio de Alberto Rodríguez Saá frente a la detención de Anabela Lucero y el posible pedido de desafuero de Joaquín Beltrán abre una pregunta incómoda dentro del peronismo puntano: ¿el exgobernador decidió soltarle la mano a quienes fueron parte de su estructura de poder?

Anabela Lucero ya está en el Servicio Penitenciario de San Luis. La exdiputada y dirigente identificada durante años con el albertismo deberá cumplir, por ahora, 60 días de prisión preventiva, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en el Molino Fénix.

Junto a ella fueron detenidos Enzo Lucero y Exequiel Scarel, mientras que el actual diputado provincial Joaquín Beltrán —pareja de Lucero y exadministrador del complejo— quedaría alcanzado por un pedido de desafuero que deberá ser tratado por la Cámara de Diputados. La Justicia investiga, entre otros hechos, presunta administración fraudulenta, asociación ilícita y ocultamiento o destrucción de evidencia.

Pero detrás del expediente judicial comenzó a instalarse otra discusión, mucho más política.

¿Dónde está Alberto Rodríguez Saá?

El exgobernador y conductor histórico del sector albertista no ha aparecido públicamente para asumir una defensa política de quienes durante años formaron parte de su estructura de poder. No se trata de interferir en la Justicia ni de cuestionar una investigación judicial. Se trata de algo diferente: la responsabilidad política de un liderazgo frente a quienes fueron funcionarios, dirigentes y piezas importantes de su gobierno.

Y ese silencio, en política, también comunica.

Los antecedentes que incomodan

El escenario no aparece aislado.

Este año, la exsecretaria de Deportes Cintia Ramírez fue condenada a un año y medio de prisión en suspenso por negociaciones incompatibles con la función pública, aunque fue absuelta por otra de las acusaciones que enfrentaba. El propio Alberto Rodríguez Saá había sido convocado como testigo por la defensa durante aquel proceso.

Ahora, una nueva causa vuelve a poner bajo la lupa a dirigentes vinculados a la última gestión albertista.

Y mientras la Justicia avanza, dentro del PJ empiezan a aparecer preguntas que hasta hace poco parecían imposibles.

¿Quién acompaña a los que hoy enfrentan los tribunales?

¿Quién pone la cara?

¿Quién sostiene políticamente a quienes durante años sostuvieron al proyecto?

Porque una cosa es respetar la independencia judicial y otra muy distinta es desaparecer políticamente cuando los propios dirigentes quedan expuestos.

¿Un retiro silencioso?

En el peronismo puntano algunos empiezan a interpretar que Alberto Rodríguez Saá podría estar priorizando su propio futuro político por encima de la defensa de quienes integraron su última estructura de gobierno.

Es una hipótesis política, no una conclusión judicial.

Pero la pregunta existe.

¿Está Alberto preparando una salida definitiva del escenario provincial? ¿Está pensando en una reconstrucción política hacia 2027 sin cargar sobre sus espaldas con el costo de defender a antiguos funcionarios alcanzados por causas judiciales?

Porque si esa fuera la estrategia, el mensaje sería brutal: cada uno deberá defenderse como pueda.

Y allí aparece nuevamente la figura de Adolfo Rodríguez Saá.

En medio de la incertidumbre que atraviesa al justicialismo provincial, algunos dirigentes podrían encontrar en el espacio del histórico senador y exgobernador una especie de refugio político. Incluso circula dentro del ambiente político la versión de que la defensa de Anabela Lucero tendría vínculos con ese sector.

Si esto se confirma, el movimiento tendría una lectura inevitable: mientras Alberto se distancia, Adolfo vuelve a convertirse en una alternativa para dirigentes que quedaron políticamente expuestos.

El comunicado del PJ y un silencio que también pesa

El Partido Justicialista finalmente salió a respaldar a Anabela Lucero. En su comunicado denunció una supuesta “connivencia” entre el gobernador Claudio Poggi, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Estado y decisiones judiciales que, según el partido, serían funcionales al poder político provincial.

Pero el comunicado llegó después de la detención.

Y mientras el PJ cuestionaba públicamente el proceso judicial, también llamó la atención el silencio del bloque de diputados frente al inminente pedido de desafuero de Joaquín Beltrán.

Beltrán no es un dirigente más: es diputado provincial y fue quien estuvo al frente de la administración del Molino Fénix. La Fiscalía pediría su desafuero para poder avanzar con una eventual medida de coerción similar a la que ya pesa sobre Lucero.

Por eso la pregunta vuelve a aparecer:

¿Hasta dónde está dispuesto el PJ a defender a los propios?

Y, sobre todo:

¿Hasta dónde está dispuesto Alberto Rodríguez Saá a defender a quienes fueron parte de su poder?

Hay una vieja regla de la política que parece estar reapareciendo en San Luis: cuando el poder se termina, las lealtades comienzan a cotizar distinto.

Anabela Lucero supo estar cerca del centro del poder. Joaquín Beltrán llegó a una banca. Otros funcionarios ocuparon cargos, administraron organismos y tomaron decisiones durante años.

Hoy algunos están detenidos, otros investigados y otros empiezan a mirar hacia atrás para saber quién permanece a su lado.

Y quizás allí esté la verdadera fotografía del momento.

No en los tribunales.

No en los comunicados.

Sino en los silencios.

Porque en el PJ saben algo que la política argentina ha demostrado demasiadas veces:

los que caen, caen solos.

Y si Alberto Rodríguez Saá decidió que esta vez no va a entrar en el barro para sacar a los suyos, entonces la pregunta ya no es solamente qué pasó en el Molino Fénix.

La pregunta política es otra:

¿Alberto está dejando caer a sus propios soldados para intentar salvar lo que queda de su proyecto?

El tiempo, y la Justicia, tendrán las respuestas.