En medio de un proceso licitatorio para contratar un sistema de liquidación de sueldos y administración de recursos humanos, el Poder Judicial de San Luis recibió una propuesta que podría ahorrarle millones de pesos mensuales. El Sistema de Información Universitario (SIU), ampliamente probado y exitoso en otros poderes judiciales del país, ofreció su plataforma a un precio notablemente inferior al del software que el Superior Tribunal decidió salir a licitar.
El acuerdo con el SIU no solo garantizaría un ahorro millonario, sino que liberaría recursos escasos para destinarlos a mejoras urgentes en el servicio de justicia, y no a financiar un costoso sistema cuya contratación genera dudas por su conveniencia y transparencia. La pregunta es inevitable: ¿por qué insistir en una licitación onerosa cuando existe una alternativa probada, económica y respaldada por otras provincias?
Fuentes cercanas señalan que en los próximos días se llevará a cabo una reunión entre representantes del SIU y el Superior Tribunal para definir el camino a seguir. Sin embargo, el historial del máximo órgano judicial, acostumbrado a sostener estructuras caras y poco eficientes, genera escepticismo sobre su voluntad real de optar por lo que conviene a las arcas públicas y a la ciudadanía.
Mientras la mora judicial sigue afectando a miles de causas y ciudadanos, la decisión del Superior Tribunal será una prueba concreta de si está dispuesto a romper con la lógica de la vieja política judicial o si, una vez más, se inclinará por priorizar contratos millonarios sobre el interés público.
