El juez José Luis Flores, miembro del Colegio de Jueces, marcó un precedente en el Poder Judicial de San Luis al convertirse en el primer magistrado en realizarse un narcotest. Con resultados negativos en cocaína y cannabinoides, y costeado de manera privada, Flores no solo cumplió con el examen, sino que aprovechó para enviar un mensaje contundente a sus colegas y al Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Transparencia en acción, silencio como respuesta

Flores decidió someterse a esta prueba toxicológica para alinearse con los principios de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, y también como un gesto de transparencia ante las sospechas y comentarios que pesan sobre el Poder Judicial. Sin embargo, lamentó públicamente el silencio del STJ respecto a la falta de reglamentación de la normativa y la aparente indiferencia ante la iniciativa.

“El ánimo se inquieta ante el silencio frente a las sospechas sobre el Poder Judicial al que pertenezco”, expresó el juez en un comunicado cargado de reflexión y crítica.

Un gesto individual con impacto colectivo

Flores realizó el examen en un laboratorio privado y asumió personalmente los costos, lo que refuerza el carácter individual de su gesto en un contexto de dudas sobre la institución judicial. Aunque solicitó al STJ el establecimiento de un protocolo oficial para estas pruebas, la respuesta fue que el examen podía hacerse de manera voluntaria hasta que se reglamentara la ley.

«Reitero que estaré a lo que el STJ disponga luego de que establezca el alcance y significado de lo ‘aleatorio’ del examen y reglamente el procedimiento», afirmó.

Un mensaje a sus pares y al sistema

El juez concluyó sus declaraciones con una reflexión que pone en tela de juicio la pasividad institucional frente a las demandas de transparencia. Su iniciativa destaca no solo por el cumplimiento personal, sino porque expone las carencias de un sistema que, según él, no acompaña gestos de apertura y confianza ciudadana.

Flores, con su acción y sus palabras, interpela directamente a sus colegas y a las máximas autoridades judiciales, señalando la necesidad urgente de recuperar el prestigio y la credibilidad del Poder Judicial en San Luis.