El gobernador Claudio Poggi aceptó la renuncia de Guillermo Catalfamo como integrante del Tribunal de Cuentas de la provincia de San Luis. El vocal dejará el cargo a partir del 2 de marzo para acogerse al beneficio de la jubilación.
En los próximos días, el mandatario enviará al Senado el pliego del reemplazante para ocupar una de las tres vocalías permanentes del organismo de control.
El Tribunal de Cuentas está integrado actualmente por Natalia Hissa (presidenta), Alberto Ferraro, Sergio Oste y Cecilia Badaloni.
Sin embargo, detrás de la salida de Catalfamo no hay solo una jubilación administrativa: también se cierra un capítulo de una de las etapas más polémicas del Poder Judicial puntano.
El juez que avaló la “doble intendencia”
Antes de regresar al Tribunal de Cuentas, Catalfamo ocupó un lugar central en el Poder Judicial de San Luis. Fue presidente del Superior Tribunal de Justicia en los años en que la provincia protagonizó uno de los conflictos institucionales más insólitos de su historia: la llamada “doble intendencia” de la ciudad capital.
En 2004 el máximo tribunal provincial —presidido por Catalfamo— falló a favor de María Angélica Torrontegui, dirigente alineada con el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá, y la reconoció como intendenta legítima de la ciudad de San Luis, incluso ordenando que pudiera manejar las cuentas municipales.
El fallo generó un escándalo institucional porque en la ciudad convivían dos intendentes al mismo tiempo: Torrontegui, respaldada por el gobierno provincial, y Daniel Pérsico, electo en los comicios municipales convocados por la propia ciudad.
El conflicto terminó escalando hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El fallo que dejó en ridículo al poder judicial puntano
El 24 de febrero de 2005 el máximo tribunal del país puso fin al escándalo institucional: la Corte reconoció como intendente legítimo a Daniel Pérsico y declaró inválido el esquema que había permitido la coexistencia de dos gobiernos municipales en la capital puntana.
La decisión fue un golpe directo al fallo del Superior Tribunal de San Luis que había avalado Catalfamo.
En términos políticos y jurídicos, el mensaje fue claro: la Corte nacional corrigió el aval judicial que había permitido sostener una estructura institucional armada desde el poder provincial.
De juez cuestionado a funcionario premiado
Tras el escándalo y la crisis institucional que atravesó el Poder Judicial de San Luis, Catalfamo dejó su cargo en el Superior Tribunal de Justicia en 2005.
Pero su carrera dentro del aparato estatal no terminó allí.
Poco tiempo después fue reubicado nuevamente en el Tribunal de Cuentas de la provincia, el organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos.
Para muchos analistas políticos locales, ese regreso fue interpretado como un “premio por obediencia” dentro del esquema político que durante décadas condujo el poder provincial.
El final de una etapa
Con su renuncia para jubilarse, Catalfamo deja finalmente el Tribunal de Cuentas después de décadas dentro de la estructura del Estado provincial.
Se cierra así la carrera pública de un funcionario cuya trayectoria quedó marcada por su papel en uno de los episodios más controvertidos de la institucionalidad puntana: el intento de sostener judicialmente una doble intendencia que terminó siendo desarmada por la Corte Suprema.
Un capítulo que todavía muchos en San Luis recuerdan como uno de los momentos en que el poder político intentó doblar las instituciones… y terminó chocando contra la Justicia nacional.
