El diputado de Cambia San Luis, Carlos «Charly» Pereira (Cambia San Luis-PRO), anunció que presentará una denuncia penal contra los responsables de la quema de imágenes corporizadas del presidente Javier Milei y del gobernador Claudio Poggi, ocurrida durante la marcha por el Día de la Mujer en San Luis y Villa Mercedes. La acción será bajo la imputación del delito de incitación a la violencia y al odio.

El legislador comunicó su decisión a través de la red social X, donde publicó una imagen de los incidentes registrados frente al Palacio Municipal de la ciudad de San Luis. En ese punto de la movilización, manifestantes prendieron fuego imágenes de Poggi, Milei y del intendente capitalino Gastón Hissa, además de lanzar duras críticas contra los gobiernos nacional, provincial y municipal. En Villa Mercedes también se registraron hechos similares, con la quema de figuras representativas del Ejecutivo.

Lo que no pasó desapercibido fue la presencia de un grupo de militantes feministas que encabezaron los incidentes y que, según fuentes políticas, responden al exgobernador Alberto Rodríguez Saá. Estas manifestantes habrían sido parte de la estructura política y de la militancia financiada durante su gestión, y ahora, con el cambio de administración, buscan posicionarse como opositoras a la actual conducción provincial y nacional mediante este tipo de acciones.

La vinculación de estas agrupaciones con el rodriguezsaismo no es un dato menor, ya que el exgobernador ha utilizado históricamente la movilización callejera y la protesta social como herramienta política. En este contexto, la quema de imágenes de Milei y Poggi se interpreta como una estrategia de confrontación que busca debilitar la gestión del actual gobernador y profundizar la grieta política en la provincia.

La denuncia que presentará Pereira incluirá la identificación de los principales responsables del acto vandálico y la solicitud de medidas judiciales para determinar las motivaciones y posibles instigadores de los hechos. En su posteo, el legislador advirtió que “la violencia política no puede ser tolerada en un estado democrático” y que llevará el caso hasta las últimas instancias judiciales para que los culpables sean sancionados conforme a la ley.