La extorsión policial y las legítimas tomas de tierras simbolizan el fin de la anestesia a la ya existente crisis sanitaria, económica y social argentina. Un Gobierno nacional más débil, que cedió a un chantaje armado, deberá lidiar ahora con más reclamos y oposición, en el marco de una economía golpeada y una pandemia cuyo final es aún lejano e incierto.
Por:
Johana Gómez.
Referente provincial del PTS / Frente de Izquierda – Unidad.
Cuando baje la marea de las crisis desatadas por la extorsión policial y las legítimas tomas de terrenos, habrá quedado en el escenario político una imagen muy distinta de la que prevalecía hace no mucho tiempo atrás. Como puntas de iceberg, esos dos frentes de batalla son solamente la expresión de una crisis mucho más profunda, y dejarán al desnudo que en la fortaleza que exhibía hasta hace poco el Gobierno nacional de Alberto Fernández había mucho de apariencia.
El enorme peso de la crisis sanitaria, económica y social, combinado con las decisiones del Ejecutivo nacional y el rol de otros actores políticos y sociales, emergen en el escenario para recordar que, como tantas otras veces en la historia argentina, todo será mucho más convulsivo. Hoy el país atraviesa no solo su tercer año consecutivo de caída económica, sino que la magnitud de la crisis internacional, el peso de la deuda externa y una pandemia de final incierto sin vacuna confirmada, constituyen un combo de grandes adversidades.
Lo más profundo que emerge de estas últimas semanas es que un Gobierno entra en crisis cuando se lo olfatea debilitado. Esa es la saga que abrió Vicentin, cuando el oficialismo peronista, al optar por retroceder con su proyecto de expropiación, dio paso a un escenario potencialmente convulsivo al instalar la idea de que cede cuando la derecha y los poderosos se le animan.
Así lo leyeron primeramente desde los sectores de Juntos por el Cambio que se envalentonaron después de Vicentin para convocar a nuevos banderazos, poner en cuestión el proyecto de Reforma Judicial o hacer valer su peso en la Cámara de Diputados de la Nación para condicionar fuertemente la actividad legislativa.
Hace días atrás, la situación se tornó mucho más grave con la extorsión de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (La Bonaerense). Después de haber sido empoderada para el control social durante la crisis del COVID-19 y la cuarentena obligatoria (con gran crecimiento de casos de gatillo fácil y abusos de autoridad); de haber sido encubierta en el caso de Facundo Astudillo Castro; de haberse alentado desde el oficialismo nacional y la oposición de derecha un discurso de mano dura; y de haberse anunciado un millonario plan para reforzar a las fuerzas de “seguridad”; salieron a reclamar “lo suyo”, con métodos de chantaje armado.
El anuncio del pasado jueves del Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cediendo a todos los reclamos policiales, constituye un triunfo imponente de esa fuerza armada reaccionaria que se despliega en la Provincia de Buenos Aires para criminalizar la protesta y la pobreza, pero que también domina el juego clandestino, el tráfico de drogas, los desarmaderos de autos, entre tantos otros negocios oscuros.
El ala “progresista” del Frente de Todos termina esta crisis dándole una conquista enorme a las fuerzas represivas. Es el costo de apostar por Sergio Berni para intentar (ilusoriamente) hacer un equilibrio (imposible) entre la gestión de la mano dura y los valores democráticos que a veces dicen representar desde el oficialismo peronista/kirchnerista. Para complicar más el escenario, todos coinciden en que necesitan a esa fuerza para reprimir a la población (a la clase trabajadora y al pueblo pobre, claro está) frente a la crisis social, tal cual lo han hecho en el pasado.
La capitulación ante La Bonaerense abre una crisis mucho más profunda: ante una coalición gobernante debilitada y que cede, es cuestión de tiempo para que diversos sectores sociales, por izquierda y por derecha, se multipliquen en la salida a reclamar por sus demandas.
Si bien las cúpulas burocráticas sindicales de la CGT y la CTA se han encargado hasta el momento de frenar todo reclamo y ser mucho menos combativas que la derecha, regalándole a esta las calles, un murmullo ensordecedor ya se siente por todos lados: si la policía corrupta y represora obtuvo un aumento tan importante, ¿por qué no las trabajadoras y los trabajadores verdaderamente esenciales como las médicas, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, las/os estatales, las jubiladas y los jubilados, y detrás de ellos, millones de mujeres y hombres del pueblo trabajador que tienen una necesidad imperiosa de mejorar sus condiciones de vida?
Las legítimas tomas de tierras que se propagaron en Buenos Aires son la primera expresión de ello, de quienes no se quedarán de brazos cruzados. Las miles de familias que se cansaron de esperar y recurrieron a la acción directa, son un anticipo de los sectores de abajo que ya no quieren seguir viviendo como antes, mientras los de arriba (la casta política gobernante y los dueños del país) comienzan a exhibir algunas fracturas y problemas. En estos momentos, una de las tareas urgentes es rodear de apoyo y solidaridad a aquellas familias contra las amenazas de represión, y exigir una solución de fondo al siempre dramático y olvidado problema de la vivienda.
La actual crisis sanitaria, económica y social provocada y los condicionamientos que en los próximos meses pondrá sobre la mesa el FMI para renegociar la deuda, hacen recordar lo central: que en épocas de vacas flacas, decidirá la lucha de clases. De aquí la necesidad de organizarse y prepararse para salir a las calles otra vez por los derechos y las reivindicaciones de la clase trabajadora y los sectores populares.
