El pasado lunes fue el Día de lucha por el Derecho al Aborto en América Latina y el Caribe. El Gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner “reafirmó” su compromiso de legalizarlo, pero no dijo cuándo. La oposición macrista dice que, en el 2021, no lo aprobaría porque será un año electoral. Mientras tanto, continúan las muertes por abortos inseguros y clandestinos.

Por:

Johana Gómez.

Referente provincial del PTS / Frente de Izquierda – Unidad y de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas.

El Gobierno nacional dice que, este 2020, no es el año para reabrir la discusión de la legalización del aborto porque el sistema de salud está centrado en responder a la pandemia del COVID-19. Pero la casta política gobernante y las autoridades sanitarias deberían saber que, cada día, 135 mujeres son internadas en hospitales públicos por problemas relacionados con un aborto inseguro. Esto demuestra que las consecuencias del aborto clandestino obliga a ocupar muchas más camas – y por más tiempo – que la práctica del aborto legal, libre, seguro y gratuito en hospitales, centros de salud y clínicas.

Por su parte, la oposición de Juntos por el Cambio dice que, el 2021, no será el momento porque es un año electoral y, en ese contexto, no apoyarán ninguna iniciativa del oficialismo justicialista.

Mientras la vida de las mujeres, especialmente las jóvenes pobres, es prenda de negociación en la mesa chica de los partidos mayoritarios; mientras estos dirimen conveniencias electorales, recortes presupuestarios, componendas y alianzas con diversos sectores reaccionarios a los que les deben favores; a las mujeres y personas gestantes se les va la vida. La insistencia del reclamo y la persistencia de la lucha no provienen de un capricho, sino de la necesidad de tener que alzar la voz por quienes ya no pueden hacerlo.

Sigue pasando el tiempo. Tiempo que se ha cobrado y se cobra la vida de millones. Tiempo en el que se rearman y fortalecen las alianzas de los sectores religiosos y fundamentalistas con el Estado. Idas y vueltas con las jerarquías de las iglesias evangélicas y el Vaticano que asisten en los barrios populares a quienes lo han perdido todo en medio de la pandemia. Las iglesias siempre se han cobrado, se cobran y se cobrarán la “ayuda”, el “asistencialismo” y la contención social que les aseguran a los Gobiernos de turno, metiendo sus narices en la legislación, como ya lo han hecho con la Educación Sexual Integral o con el Matrimonio Igualitario.

Las mujeres y personas gestantes que han muerto por consecuencia de abortos inseguros y clandestinos, las que murieron porque su embarazo era incompatible con el tratamiento de alguna enfermedad mortal y no pudieron acceder a abortos terapéuticos, las niñas y adolescentes que fueron forzadas a gestar y parir después de haber sido abusadas; todas ellas tienen nombre y apellido, una historia, amistades y familias. Todas ellas tuvieron sueños y proyectos que se han visto truncados por la muerte evitable o por la violencia sexual e institucional que las convirtió en madres a la fuerza, contra su voluntad, poniendo en riesgo su salud y desarrollo.

Es difícil calcular si el 2022 será el momento para quienes negocian nuestro derecho en los pasillos del Congreso Nacional, porque habrá 127 integrantes nuevos en la Cámara de Diputados de la Nación y se renovará un tercio del Senado Nacional, con resultados aún inciertos.

Por eso, depende cada vez más de nuestra organización y movilización, de nuestra disposición a una lucha sin cuartel para imponer la aprobación de una ley que, sea cuando sea, llegará tarde. Recordemos a las diputadas y a los diputados que, aun cuando prometan una futura votación favorable de la legalización del aborto, levantarán su mano sobre una pila de muertes evitables.

Una nueva y fortalecida marea verde es necesaria. El aborto legal, libre, seguro y gratuito es vida. Por eso tiene que ser ley.