Emilio Parodi era el gerente de Recursos Humanos de Molinos Río de La Plata durante la dictadura. En la planta que la agroindustrial tenía en Avellaneda, en la zona sur del Gran Buenos Aires, Parodi era sinónimo de la patronal que entregó a los trabajadores que debían ser secuestrados. A los 82 años, Parodi no imaginó que su pasado volvía a buscarlo cuando pasadas las 10 de la mañana llegó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a su departamento de Vicente López para detenerlo. Entrada la noche, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak lo indagó por 23 secuestros, pero el exgerente dijo que era todo una infamia y que nunca había tenido participación en desapariciones.

Parodi estuvo en Molinos Río de La Plata hasta entrados los años ‘90. Hace tiempo que no tiene que ver con la empresa, pero aún guarda cierto porte de empleado jerárquico. Puede ser porque todavía ejerce como abogado. Cuando llegaron a detenerlo a su departamento de la Avenida Maipú de estaba vestido con un pulóver escote en V azul oscuro y pantalón de vestir oscuro.

Antes de presentarse ante Kreplak, Parodi pasó por una revisión médica y se entrevistó durante largo rato con la defensora que lo asistió. Después contestó con evasivas. Negó haber sabido de las desapariciones o los secuestros ocurridos en la misma planta de Avellaneda y dijo que lamentaba estos hechos. Dijo que creía recordar a dos o tres de las víctimas, pero que él era completamente inocente. Cerró su exposición ante el personal del Juzgado Federal 3 de La Plata con la promesa de que podría llegar a aportar información en el futuro, sobre todo para aliviar su situación en la causa.

Parodi – que, por el momento, es el único de los exjerarcas de la empresa que la justicia identificó y está vivo– aparece mencionado en múltiples declaraciones. Se lo señala como quien funcionaba como nexo entre los vigiladores de Molinos –conocidos como “bomberos”– y las fuerzas armadas o de seguridad, responsables de las privaciones ilegales de la libertad. Según los testimonios de los trabajadores, Parodi era quien entregaba las listas o presionaba a aceptar indemnizaciones a quienes estaban “marcados”.

Kreplak tiene diez días hábiles para resolver la situación procesal de Parodi después de haberlo indagado. El exgerente estará detenido en su casa por el momento mientras se evalúa su estado de salud, confiaron fuentes judiciales. Tendrá consigna de la PSA. Su defensa ya pidió la excarcelación.

La investigación sobre la responsabilidad de los jerarcas de Molinos Río de La Plata –perteneciente al conglomerado Bunge & Born— en crímenes de lesa humanidad se inició en 2013 con una denuncia que presentaron hijos e hijas de obreros desaparecidos. En 2015, el Ministerio Público Fiscal impulsó la investigación sobre los trabajadores secuestrados. Para entonces, la fiscalía de La Plata había participado en allanamientos con la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC), que analizó los documentos producidos por la empresa y mostró que detrás de los secuestros y las desapariciones estaba el interés económico de los empresarios.

En 2019, el juez Kreplak llevó adelante una inspección ocular en la planta de Avellaneda, que está ubicada en la vera del Riachuelo. La medida había sido impulsada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que, desde 2014, interviene como querellante en la causa. En 2021, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata pidió que lo llamaran a indagatoria.

La represión en Molinos

La represión se ciñó sobre los trabajadores que Tenían un fuerte protagonismo gremial. En 1973, se creó la lista 17 de octubre — Lista Blanca– que le ganó las elecciones a la Lista Celeste, asociada a la burocracia sindical. La 17 de Octubre tenía como dirigente a Marcos Augusto Vázquez y estaba ligada a la Juventud Trabajadora Peronista (JTP). Entre 1973 y 1974, hubo dos tomas de la fábrica y un crecimiento importante de la conflictividad.

El 7 de julio de 1976, efectivos del Ejército ingresaron a la plata con listas previamente confeccionadas y produjeron un secuestro masivo de trabajadores. El número de personas secuestradas en esa redada es aún indeterminado: hay quienes hablan de más de 70 personas y Armando Luchina, el sargento que actuaba en la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) –o Coordinación Federal– y que después ingresó como vigilador en Molinos, llegó a estimar la cifra en 90 personas privadas de su libertad.

En lo que coinciden la mayoría de los testimonios es en señalar a Parodi, que estaba a cargo del área estratégica de Recursos Humanos, como la persona que estuvo detrás de la confección de la nómina con empleados a desaparecer. En esa línea, Kreplak apunta hacia la responsabilidad de Parodi en 23 casos de privaciones ilegales de la libertad, que tuvieron lugar entre 1976 y 1978.

Después del golpe de Estado –con los secuestros, las desapariciones y el terror–, la productividad aumentó en Molinos. La empresa dedicada a la producción de harinas y aceites–que había sido fundada en 1902 por el grupo Bunge & Born– se convirtió en una de las más importantes del país. Para 1980, la compañía ya tenía una docena de plantas a lo largo y ancho del país y facturaba cerca de 400.000.000 de dólares al año, según se consigna en la investigación Responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad– producida por FLACSO, CELS y el Programa Verdad y Justicia.

«El avance sin demoras de las causas por crímenes de lesa humanidad es una de las prioridades de esta Secretaría de Derechos Humanos, en particular cuando están involucrados actores civiles y empresariales ya que son los que mayor resistencia generan en el Poder Judicial», sostuvo desde sus redes sociales el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, después de que se conociera la detención de Parodi.