La Fiscalía de Estado de San Luis denunció penalmente al psiquiatra Franco Mastronardi, integrante del Poder Judicial, por la emisión irregular de 97 certificados médicos psiquiátricos en poco más de un año, que habrían permitido a empleados públicos ausentarse por un total de casi 3.000 días laborales.

Según explicó Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de la Fiscalía, la maniobra podría configurar una defraudación millonaria al Estado provincial, al otorgar licencias a personas que “claramente no padecían ninguna enfermedad” y que cobraron sus sueldos de forma íntegra sin trabajar.

“Esto no solo perjudica al Estado, sino a todos los sanluiseños que pagan sus impuestos”, expresó Calderón Salomón.

⚠️ El caso que disparó la investigación

La alarma se encendió a partir del certificado presentado por una empleada de la Agencia de Ciencia y Tecnología, quien obtuvo 30 días de licencia por un supuesto cuadro de neurosis, trastorno de pánico y agorafobia. Sin embargo, se comprobó que la trabajadora se encontraba de viaje en el exterior, desestimando cualquier tipo de patología real. La constatación, además, habría sido realizada de forma virtual por Mastronardi.

A partir de allí, se detectaron casi un centenar de certificados con patologías similares y extensos plazos de licencia, todos firmados por el mismo profesional, quien cumple funciones en la Oficina del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial.

⚖️ Incompatibilidad de funciones y bloqueo de título

Un aspecto clave que agrava la situación es que Mastronardi, por su función pública, tiene el título profesional bloqueado, lo que le impide legalmente ejercer en el ámbito privado. La emisión de certificados médicos fuera de su rol judicial podría violar la Ley Orgánica de Administración de Justicia, configurando además una falta grave por incompatibilidad de funciones.

❓¿Habrá sanciones a los empleados públicos?

La denuncia ya fue presentada hace más de un mes, pero todavía no se conoce si la Justicia avanzará contra los beneficiarios de los certificados. Tampoco está claro si el Gobierno provincial adoptará medidas disciplinarias o iniciará sumarios administrativos.

Por ahora, el foco está en el psiquiatra denunciado, pero el caso podría desencadenar una investigación mucho más amplia, incluso dentro del mismo Poder Judicial.