Según datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Salud de la Nación, un 14 % de los 3.031 casos confirmados de COVID-19 en la Argentina corresponde a las trabajadoras y los trabajadores de la salud que atienden la pandemia. De esos 374 casos positivos, tres han resultado en muertes: una en La Rioja, otra en Chaco y otra más en Río Negro.
Ante ello, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FeSProSa) denunció el viernes pasado que nuestro país comparte con España una de las tasas más altas de personal de salud infectado con coronavirus a nivel mundial, por lo que exigió a las carteras de salud y producción del gobierno nacional acciones coordinadas y medidas urgentes.
De hecho, en línea con esa exigencia, Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, referentes nacionales del Partido de Trabajadores por el Socialismo (PTS) y del Frente de Izquierda Unidad (FIT), vienen exigiendo leyes de emergencia en materia de salud, a los fines de que:
- Se realicen exámenes masivos (test) a todo el personal del sistema de salud, detectando de forma eficiente y rápida a todo el personal en contacto con personas infectadas, y frenando la propagación del virus intrahospitalariamente, como así también, para la protección del resto de las personas internadas y pacientes, de las mismas trabajadoras y los mismos trabajadores de la salud y sus familias.
- Se garantice un presupuesto adecuado para el abastecimiento necesario a todos los centros de salud de todos los insumos que sean indispensables para combatir la pandemia, sean estos materiales de bioseguridad (barbijos, batones, botas, guantes y mascarillas), sean camas, respiradores, equipamiento, entre otros.
- Se unifique y centralice todo el sistema de salud bajo la órbita estatal, con control de las y los profesionales de la salud, garantizando el acceso en forma igualitaria a toda la población, y de forma universal y gratuita.
Sin embargo, hace horas se conoció la respuesta de la casta política gobernante al reclamo y las demandas de quienes diariamente ponen a funcionar los hospitales, sanatorios, clínicas y centros de salud de todo el país: el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, culpó al personal de la salud por los contagios de coronavirus.
“Esto tiene que ver con que no se usó correctamente la ropa, no se sacaron correctamente la ropa, o muchos de ellos concurrieron con fiebre a trabajar. Tenemos que ser menos omnipotentes y entender que si tenemos un síntoma, lo primero que tenemos que hacer es no ir a un lugar donde podemos contagiar a mucha gente”, fueron las palabras del funcionario, atacando a las trabajadoras y los trabajadores de la salud que están en la primer línea contra el coronavirus, y sin hacerse cargo del bajo presupuesto destinado a la salud en tiempos de pandemia.
Sin perjuicio de ello, también es cierto que la decadencia de la salud pública en Argentina no es una novedad y mucho menos ha sido descubierta con el COVID-19. Desde hace décadas, los hospitales, las clínicas y salas de primera asistencia, tanto de gestión nacional como provincial y municipal, han sufrido un constante desfinanciamiento.
Desde la vuelta de la democracia en el ’83 hasta la actualidad, todos los gobiernos han tenido la misma lógica política: maltratar a la salud pública a cambio de tratar bien a los organismos internacionales de crédito (como el FMI, por ejemplo) y los acreedores privados, los buitres, el gran empresariado, la banca privada y los terratenientes. Y es sabido que cuanto más se paga la deuda externa y cuanto más se mima a los grupos capitalistas poderosos, menos salud, educación, vivienda y trabajo hay.
La situación de emergencia de la salud pública también se extiende a la precarización y flexibilización de las tareas llevadas adelante por profesionales de la medicina, la enfermería y demás especialidades del área, con salarios a la baja y desproporcionados con el trabajo esencial que realizan y niveles de super – explotación extenuantes.
De hecho, hace poco, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) hizo público un comunicado, en el cual se denuncia la falta de barbijos y otros insumos de protección para las trabajadoras y los trabajadores del sistema de salud de San Luis, provincia gobernada hace 37 años por la familia Rodríguez Saá.
Al día de hoy, el propio Ministerio de Salud de la Nación debe salir a reconocer que Argentina está en la cima del podio mundial de los personales de salud con más casos positivos de coronavirus. Claramente, no alcanza con aplausos desde los balcones, con palmadas en la espalda por parte de funcionarios y con la elevación a la categoría de “héroes” por parte de los medios de comunicación.
El problema es estructural y tiene que ver en aquello que, tanto la presidencia de Alberto Fernández como las gobernaciones provinciales, consideran prioritario: millones y millones de dólares destinados a pagar una deuda externa ilegal, ilegítima y fraudulenta, y millones y millones de pesos destinados a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de “seguridad” para aumentar el control social y la militarización de las barriadas populares, en lugar de que todo ese dinero sea destinado a la salud pública y a todo lo necesario para combatir las consecuencias de la pandemia y la crisis sanitaria, económica y social que viene generando y desarrollando.
Dime cuáles son tus prioridades y te diré para qué, para quién, para quiénes gobiernas y de qué lado de la vereda y de la batalla te encontrás.
