Después de casi seis años sin definiciones de fondo, la causa por la muerte de Florencia Magalí Morales registró este lunes un giro clave. El juez de Garantía N°1, Nicolás Coppola, formuló cargos contra cuatro policías que estaban de servicio en la Comisaría N°25 de Santa Rosa del Conlara el 5 de abril de 2020, día en que la mujer fue hallada muerta en una celda durante el aislamiento por la pandemia.
Los principales imputados son el subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero y el oficial Marcos Ontiveros, acusados de privación ilegítima de la libertad, torturas seguidas de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambos quedaron detenidos con prisión preventiva por 90 días.
En tanto, la sargento ayudante María Eugenia Argüello y la oficial Victoria Johana Paola Torres fueron imputadas por omisión de denunciar torturas y omisión de actos de oficio. Para ellas se dispusieron restricciones de movimiento y contacto con la familia de la víctima.
Una causa marcada por demoras e irregularidades
El expediente es uno de los más sensibles de San Luis. La muerte de Morales, ocurrida bajo custodia policial en plena pandemia, generó un fuerte impacto social y estuvo rodeada de controversias desde el inicio.
Durante años, la hipótesis del suicidio dominó la investigación. Sin embargo, la nueva acusación fiscal reconstruye un escenario completamente distinto: una detención arbitraria seguida de un contexto de violencia institucional.
La audiencia, que se extendió durante casi ocho horas en tribunales de Concarán, expuso con crudeza ese cambio de enfoque.
La acusación: detención ilegal y abandono
Según la reconstrucción de la fiscal Adriana Cangelosi, Morales fue detenida de manera arbitraria en el marco de las restricciones por la pandemia de COVID-19.
La acusación sostiene que fue privada de su libertad sin orden judicial y alojada en una celda en condiciones precarias, sin ventilación y en estado insalubre.
Testimonios incorporados al expediente indican que durante horas pidió asistencia médica, afirmando que no podía respirar. Esos pedidos, según la Fiscalía, no fueron atendidos.
Para el Ministerio Público, ese contexto constituyó un cuadro de “tortura psicológica y física” que derivó en su muerte.
Un relato que pone en crisis la versión inicial
Uno de los puntos más sensibles del caso es la hipótesis del suicidio. Si bien las pericias señalaron una asfixia mecánica compatible con ahorcamiento, la querella puso en duda esa conclusión.
El abogado de la familia, Federico Putelli, sostuvo que las condiciones físicas de la celda hacen “materialmente dudoso” que Morales pudiera haberse quitado la vida en ese lugar.
También cuestionó las irregularidades en la investigación inicial, incluyendo deficiencias en la autopsia y pérdida de evidencia clave.
Para la querella, el hecho debe analizarse en un contexto de detención ilegítima, incomunicación y condiciones degradantes.
Defensas a la ofensiva y nulidades rechazadas
Las defensas de los policías intentaron frenar el avance del proceso mediante planteos de nulidad, cuestionando la intervención del Tribunal de Impugnaciones y la validez de las actuaciones.
Incluso anticiparon que acudirán a instancias superiores y a la Corte Suprema.
Sin embargo, el juez Coppola rechazó todos los planteos y habilitó la formulación de cargos, marcando un punto de inflexión en la causa.
Un caso emblemático de violencia institucional
Afuera de la sala, organizaciones feministas acompañaron a la familia con una consigna que sintetiza el reclamo social: “Nadie se suicida en una comisaría”.
Dentro, la imagen de la hermana de la víctima siguiendo cada detalle de la audiencia reflejó el peso de casi seis años de espera.
Ahora, con imputaciones formales y detenciones, la causa entra en una nueva etapa.
El desafío será determinar si la muerte de Florencia Magalí Morales fue el resultado de una decisión individual o la consecuencia directa de un sistema que falló cuando tenía la obligación de protegerla.
