Integrantes del Movimiento Interprovincial del Agua del Cielo (MIPAC) y Cielos Limpios en América Monitor Ambiental (CLAMA) se reunieron con la administración provincial para debatir sobre la reglamentación de la normativa que impide el uso de tecnologías “rompetormentas”, atendiendo a los pedidos de productores y vecinos.
La subdirectora de Desarrollo Sostenible de la secretaría de Ambiente, Daniela Montalvini, y el titular del Ente de Desarrollo Aeronáutico del ministerio de Desarrollo Productivo, Horacio Quiroga, recibieron a exponentes de CLAMA, MIPAC y pequeños productores interesados en lograr la reglamentación de la normativa aprobada en noviembre del 2024.
La ley establece en su artículo Nro. 1: “La prohibición del uso de cualquier técnica, actividad, mecanismos, sistemas y/o tecnología destinada a alterar y/o modificar artificialmente de forma directa e intencional la fase atmosférica del ciclo hidrológico en las etapas de condensación o precipitación, y/o provocar cambio artificial del clima, sobre el territorio de la provincia de San Luis”.
Desde el Gobierno destacan que, en San Luis, la alteración climática no ha sido y no es una política de Estado, a diferencia de las vecinas provincias de Mendoza y San Juan, que durante años resguardaron su producción agropecuaria con estas prácticas. Sin embargo, en los últimos meses, ambas jurisdicciones avanzaron en la cancelación de sus programas antigranizo por sistemas más sustentables como las mallas de protección de cultivo y seguros rurales, que no afectan el suelo y tampoco tienen injerencia en cuestiones climáticas.
Los métodos que han sido aplicados en provincias vecinas son, por ejemplo, vuelos en avionetas que lanzan bengalas de yoduro de plata en las nubes de tormenta, con el fin de generar la reducción del tamaño del granizo y así mitigar los daños que puede provocar su caída en zonas pobladas y productivas. Por otro lado, los cañones antigranizo lanzan ondas sonoras con gas acetileno a 15.000 metros de altura para frenar las lluvias.
La normativa que el Poder Ejecutivo provincial trabajará en reglamentar requiere de la participación ciudadana. En este caso, organizaciones ambientales y productores comprometidos para lograr un consenso en su aplicación. De esta forma, habrá nuevos encuentros en los cuales pueda definirse los canales de diálogo y denuncia como también la fiscalización y monitoreo necesarios para el control.
