La defensa de Anabela Lucero y la comparación con Cintia Ramírez se inscriben en un contexto de avance de causas judiciales que involucran a exfuncionarios de la gestión anterior. En ese escenario, Alberto Rodríguez Saá endureció su discurso y lanzó una frase dirigida a quienes considera responsables de perseguir políticamente a dirigentes de su espacio.
“Paren la mano, no jodan más con nosotros y dejen de perseguir a compañeros”, habría expresado el exgobernador, en una declaración que, de confirmarse en su contexto original, elevaría el tono de su enfrentamiento con el Poder Judicial.
La frase plantea un interrogante político: ¿se trata de un reclamo por posibles irregularidades en los procedimientos judiciales o de una advertencia frente al avance de investigaciones que alcanzan a dirigentes de su propio espacio?
La diferencia es sustancial. Si existen vulneraciones de derechos, deben denunciarse y probarse por las vías correspondientes. Pero las investigaciones por presuntos hechos de corrupción también deben avanzar sin presiones políticas, con respeto por las garantías de los acusados y sin privilegios derivados de su pertenencia partidaria.
La Justicia debe garantizar el debido proceso, pero no debería recibir presiones para frenar causas por el solo hecho de que involucren a exfuncionarios de una determinada gestión.
En definitiva, el planteo de Alberto vuelve a colocar en el centro de la discusión la relación entre el poder político y la Justicia en San Luis: una relación que exige independencia judicial, transparencia y reglas iguales para todos, tanto para quienes denuncian persecución como para quienes deben responder ante los tribunales.
Anabela Lucero: de dirigente política a “la chica”
Uno de los pasajes más sensibles de las entrevistas fue la defensa que Alberto realizó de Anabela Lucero, exfuncionaria y exdiputada provincial vinculada al caso Molino Fénix.
El exgobernador se refirió a ella como “la chica” y sostuvo que se estarían vulnerando sus derechos humanos por su situación de salud y por las sanciones que, según su relato, habría recibido.
“Le están violando los derechos humanos claramente, porque la chica está con un problema de salud enorme; no solo que no la tratan, sino que le han dado días de sanción, con lo que no le corresponde. Eso es persecución política”, afirmó.
Las declaraciones abren un debate que merece ser abordado con seriedad. Si existen problemas de salud, falta de atención médica o medidas disciplinarias improcedentes, corresponde que sean examinados por los organismos competentes y que se garantice el respeto de los derechos de la involucrada.
Pero también hay otra cuestión política: Lucero no es simplemente “una chica”, como la presentó Alberto. Es una dirigente que ocupó cargos públicos y cuya situación debe analizarse con la misma exigencia de garantías, transparencia y responsabilidad que corresponde a cualquier persona que haya ejercido funciones estatales.
La defensa de sus derechos no puede confundirse con una declaración de inocencia ni utilizarse para clausurar las preguntas sobre las causas judiciales que la involucran.
La comparación con Cintia Ramírez y el peso de una condena
Alberto también comparó la situación de Lucero con la de Cintia Ramírez, exfuncionaria vinculada al área deportiva provincial que fue condenada por corrupción.
La comparación no es menor. Al presentar ambos casos como ejemplos de persecución política, el exgobernador coloca en un mismo plano situaciones que deben examinarse según sus propios antecedentes, expedientes y resoluciones judiciales.
Una denuncia de persecución política no invalida por sí sola una investigación judicial, del mismo modo que una condena no habilita a desconocer los derechos fundamentales de una persona.
En el caso de Ramírez, la condena constituye un antecedente judicial concreto que no puede borrarse mediante una interpretación partidaria. En el de Lucero, las denuncias sobre su salud, el trato recibido y las sanciones que menciona Alberto deben contrastarse con información verificable.
La discusión pública exige distinguir entre el derecho a recibir atención médica, el respeto al debido proceso y las responsabilidades que puedan determinarse en la Justicia.
Mezclar esos planos puede servir para alimentar una disputa política, pero no contribuye a esclarecer los hechos.
