La política puntana vuelve a quedar bajo la lupa tras conocerse que la Justicia dictó una medida cautelar de prohibición de contacto y acercamiento por 180 días contra el concejal capitalino Andrés Russo, en el marco de una causa por presunta violencia. La resolución, dictada por el Juzgado de Garantía N.º 3, establece la protección de Laura Vanina Sánchez e impide al edil acercarse a la denunciante, a su domicilio, su lugar de trabajo y los espacios que frecuenta.

Más allá del proceso judicial, que deberá continuar respetando las garantías de todas las partes y determinar los hechos, el episodio tiene un fuerte impacto político por el lugar que ocupa Russo dentro del esquema del exgobernador Alberto Rodríguez Saá.

Russo no es un dirigente cualquiera dentro del albertismo. En los últimos meses se había convertido en una de las principales apuestas del espacio para disputar la Intendencia de la ciudad de San Luis en las próximas elecciones. Su nombre comenzó a instalarse como una renovación del liderazgo capitalino, con el respaldo directo del exmandatario provincial.

Sin embargo, la medida judicial cambia el escenario. Un dirigente que aspira a gobernar la capital provincial queda ahora envuelto en una causa de presunta violencia de género, un tema sobre el que el propio albertismo construyó durante años buena parte de su discurso político.

La situación deja expuesta una contradicción difícil de explicar. Durante sus gobiernos, Alberto Rodríguez Saá impulsó numerosas campañas institucionales, programas, observatorios y discursos públicos en defensa de las mujeres y contra la violencia de género. En ese esquema, uno de los principales responsables políticos fue el entonces secretario de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina, quien hizo de estas políticas una bandera permanente y posteriormente llegó a ocupar el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Desde ese espacio se repetían consignas sobre la necesidad de creer en las denunciantes, acompañarlas institucionalmente y no minimizar ningún hecho de violencia. Hoy, cuando uno de los dirigentes que el propio albertismo promovía para conducir la ciudad enfrenta una medida judicial de protección dictada en favor de una mujer, el silencio político resulta ensordecedor.

No se trata de establecer culpabilidades anticipadas, una tarea que corresponde exclusivamente a la Justicia. Pero tampoco puede ignorarse que una medida cautelar de estas características no es un simple trámite administrativo: implica que un juez consideró necesario adoptar acciones preventivas para proteger a una persona mientras avanza la investigación.

La pregunta política es inevitable. ¿Actuará el espacio de Alberto Rodríguez Saá con el mismo nivel de exigencia que reclamaba para dirigentes de otros sectores? ¿O volverá a aplicarse la conocida lógica de la doble vara, donde los principios parecen depender del color político del denunciado?

La coherencia siempre fue uno de los grandes déficits de la dirigencia argentina. Durante años se exigieron protocolos, perspectiva de género, capacitaciones obligatorias y sanciones ejemplares cuando las denuncias recaían sobre adversarios políticos. Ahora el desafío consiste en demostrar que esos valores también rigen puertas adentro.

El caso Russo pone nuevamente sobre la mesa una discusión más profunda: la utilización política de las banderas de género. Cuando las políticas públicas se convierten únicamente en herramientas discursivas y no en principios que se aplican sin distinción, pierden legitimidad ante la sociedad.

La ciudadanía observa con creciente desconfianza cómo muchos dirigentes hablan de igualdad, respeto y erradicación de la violencia, pero reaccionan de manera muy distinta cuando los hechos involucran a integrantes de su propio espacio político.

Para Alberto Rodríguez Saá, que intenta reconstruir liderazgo dentro del peronismo puntano, el episodio representa además un problema estratégico. Respaldar a Russo sin dar explicaciones podría ser interpretado como una contradicción con el discurso histórico del espacio. Tomar distancia implicaría admitir un costo político sobre uno de los dirigentes que proyectaba como candidato.

Mientras tanto, el expediente judicial seguirá su curso. Será la Justicia la que determine responsabilidades. Pero en el plano político ya existe una condena difícil de evitar: la pérdida de credibilidad de un discurso que durante años se presentó como defensor incondicional de las políticas de género y que hoy enfrenta una prueba concreta para demostrar si esos principios eran una convicción o simplemente una herramienta de campaña.

Porque las políticas contra la violencia de género no pueden depender del apellido del denunciado ni de la conveniencia electoral del momento. Si los principios solo se aplican a los adversarios y no a los propios, dejan de ser principios para convertirse en una estrategia política más.