En política, no todo error es ingenuo. A veces, las señales que se emiten —aun cuando intentan disfrazarse de gestión o iniciativa— revelan una desconexión profunda con la realidad social. Eso es lo que hoy parece ocurrir con algunos referentes del PRO en San Luis, cuyas recientes acciones no solo generan polémica, sino que chocan de frente con el delicado contexto que atraviesan miles de puntanos.

Por un lado, el concejal de Villa Mercedes, Lucas Sapino, presentó un proyecto que propone sancionar con multas económicas a personas que buscan comida en bolsas de basura. La sola formulación de la iniciativa resulta, cuanto menos, alarmante. En una provincia donde la crisis económica golpea con fuerza a instancias de la reconfiguración económica propuesta por el Gobierno Nacional, donde la pobreza empuja a sectores cada vez más amplios a situaciones extremas, pretender castigar la indigencia no solo es insensible: es peligrosamente regresivo.

La propuesta no resiste el menor análisis social. Penalizar a quien revuelve residuos en busca de alimento implica correr el foco del problema real: la exclusión. En lugar de ofrecer respuestas estructurales o acompañamiento, se opta por la vía punitiva. Es, en esencia, castigar la consecuencia sin atender la causa.

Más aún, esta postura se ubica a contramano de las políticas impulsadas por el gobernador Claudio Poggi, quien desde el inicio de su gestión ha buscado recomponer el tejido social. Programas como el Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) apuntan precisamente a garantizar un piso mínimo de contención, especialmente en los sectores más vulnerables. En ese marco, la iniciativa de Sapino no solo desentona: erosiona el discurso de reconstrucción social que el propio oficialismo intenta sostener.

Pero no es el único traspié. En paralelo, las publicaciones de la secretaria de Vinculación Interjurisdiccional, Gabriella González Riollo, sobre su participación en una capacitación vinculada a la cuestión Malvinas, generaron rechazo y desconcierto entre excombatientes. No se trata aquí de cuestionar la formación o el interés por una causa profundamente arraigada en la identidad nacional, sino de advertir la falta de autoridad y, en algunos casos, de idoneidad para abordar un tema que exige respeto, conocimiento y, sobre todo, legitimidad.

Ahora bien, estos episodios no pueden leerse de manera aislada. Forman parte de una estrategia política más amplia que responde a lineamientos nacionales del PRO, en particular a la conducción de Mauricio Macri, quien ha impulsado la necesidad de tener dirigentes visibles y activos en cada provincia. Esa lógica, entendible en términos partidarios, empieza a mostrar efectos colaterales cuando se traduce en posicionamientos forzados o iniciativas desconectadas del territorio.

En San Luis, esa directiva no solo genera ruido interno, sino que pone en tensión la alianza con el gobernador Poggi. La convivencia política exige coherencia y, sobre todo, una lectura fina del contexto local. Cuando los movimientos responden más a una estrategia nacional que a las necesidades concretas de la provincia, el resultado es un cortocircuito evidente.

Ambos episodios, aunque distintos en su naturaleza, comparten un hilo conductor: la desconexión. Desconexión con la realidad social, con las prioridades de la gente y, en definitiva, con el sentido común. No se trata de errores aislados, sino de síntomas de una forma de hacer política que parece más preocupada por marcar presencia que por comprender el territorio que pisa.