Este lunes un Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial —integrado por los Jueces Fernando de Viana, como presidente, y Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur, como vocales— dio inicio al juicio oral contra la ex funcionaria provincial Cintia Marina Ramírez, acusada de los delitos de “peculado, fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La causa llegó a debate con un requerimiento de condena de cinco años de prisión.

El Ministerio Público Fiscal está representado por el Fiscal de Instrucción en lo Penal N° 1, Francisco Assat, y el Fiscal Adjunto Juan Pablo Díaz Estopiñán. En tanto, la querella actúa en representación de Fiscalía de Estado a través de los abogados Santiago Calderón Salomón y Juan Cruceño. La defensa de la imputada está a cargo de los abogados Marcos Juárez y Ramiro Rubio.

Durante la apertura del debate, la fiscalía sostuvo que intentará acreditar que Ramírez habría utilizado su posición como funcionaria pública para estructurar un circuito de administración y destino de fondos públicos que, según la acusación, habría beneficiado a una entidad privada vinculada a ella.

En ese sentido, Assat señaló que uno de los ejes centrales de la acusación será demostrar lo que denominó una “triple identidad” de la imputada. Con ese concepto, hizo referencia a que Ramírez habría ocupado simultáneamente tres roles con capacidad de decisión o influencia sobre los mismos recursos: como Secretaria de Estado de Deportes de la provincia, como presidenta del Ente de Deportes San Luis y como presidenta de la asociación privada San Luis Fútbol Club.

Según la acusación, esta coincidencia de funciones habría permitido que una misma persona participara en la administración de fondos públicos, en la toma de decisiones sobre su destino y, al mismo tiempo, en la conducción de la entidad privada que habría resultado beneficiada con esos recursos.

Assat indicó que durante el debate se demostrará que, tras asumir como Secretaria de Deportes en marzo de 2022, Ramírez participó en la creación de un ente descentralizado vinculado a la actividad deportiva que recibió un aporte estatal significativo. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, se constituyó el San Luis Fútbol Club, entidad privada de la que la imputada fue designada presidenta.

De acuerdo con el planteo, desde organismos estatales vinculados a la Secretaría de Deportes se habrían realizado transferencias destinadas a ese club por montos millonarios. Según la acusación, esos fondos habrían sido utilizados para cubrir distintos gastos operativos, entre ellos indumentaria deportiva, transporte, alimentación y viajes.

La acusación también hizo referencia a la compra de un colectivo que, según la fiscalía, habría sido adquirido con fondos públicos. En ese punto, el Ministerio Público Fiscal adelantó que durante el juicio demostrará cómo se desarrolló el trámite administrativo de esa adquisición, la intervención que habría tenido la imputada en el proceso y el presunto sobreprecio de 175 millones de pesos que, se habría pagado por ese vehículo.

Por su parte, la querella acompañó la acusación y sostuvo que los hechos deben analizarse de manera integral, considerando el contexto en el que se adoptaron las decisiones administrativas y el destino final de los recursos públicos, y señaló que el Estado tiene el compromiso de investigar y sancionar los hechos de corrupción.

Antes de iniciar su alegato, la defensa planteó que durante la investigación se habrían vulnerado garantías constitucionales vinculadas al debido proceso y al derecho de defensa en juicio. En ese marco, solicitó que se incorpore al debate una resolución del Superior Tribunal de Justicia dictada recientemente.

El Ministerio Público Fiscal y la querella se opusieron al planteo al considerar que la incorporación de esa documentación en esta etapa podría implicar la valoración anticipada de elementos que aún no fueron producidos en el juicio.

Tras escuchar a las partes, el tribunal resolvió rechazar el planteo de la defensa al considerar que no corresponde la incorporación, en ese estadio procesal, de lo resuelto por el Superior Tribunal de Justicia.

En su exposición, la defensa adelantó que demostrará la inexistencia de los delitos imputados y sostuvo que las decisiones administrativas cuestionadas se habrían adoptado dentro del marco normativo vigente. Asimismo, indicó que centrará su estrategia en el análisis de dos aspectos principales de la causa: la adquisición del colectivo y las transferencias observadas por la acusación.

El juicio continuará con la producción de prueba testimonial y documental. Está previsto que el debate se extienda hasta el 20 de marzo y que durante las audiencias declaren 29 testigos.