El ex funcionario provincial Sergio Freixes presentó una serie de pedidos de nulidad para intentar frenar el avance de la causa judicial en la que es investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados a la administración de fondos del Pueblo Ranquel.

El expediente, que analiza la posible comisión del delito de asociación ilícita, también involucra a integrantes de su entorno familiar, entre ellos su esposa, la ex senadora Viviana Moreira, y sus hijos Diamela y Francis Freixes.

La investigación se originó en marzo de 2024 tras una denuncia impulsada por el entonces fiscal de Estado, Víctor Endeiza, quien sostuvo que Freixes y otros allegados habrían integrado una estructura destinada a ejecutar maniobras defraudatorias sobre fondos pertenecientes a la Municipalidad del Pueblo Ranquel entre abril de 2020 y diciembre de 2023.

Según consta en la presentación, durante ese período se habrían administrado recursos públicos y productivos de la comunidad mediante operaciones bancarias que actualmente son objeto de pericias contables y análisis de movimientos financieros. La investigación, basada en testimoniales y documentación económica, se encuentra en una etapa avanzada y a la espera de que el Tribunal de Impugnación resuelva los planteos de nulidad presentados por la defensa.

De rechazarse esos recursos, el Ministerio Público Fiscal podría avanzar con la audiencia de formulación de cargos contra el ex funcionario, quien también se desempeñó como senador e intendente.

Uno de los ejes de la causa apunta al rol que Freixes habría asumido dentro del Pueblo Ranquel junto a Alberto Rodríguez Saá (h), cuando ambos fueron proclamados como lonkos mediante una asamblea que posteriormente fue ratificada por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia.

La denuncia sostiene que Freixes contaba con un poder especial otorgado por el entonces ministro de Producción, Juan Lavandeira, que le permitía realizar operaciones administrativas y bancarias en nombre de la comunidad. En ese marco, se investiga la utilización de la sociedad El Relincho S.R.L. como presunto instrumento para desviar fondos públicos hacia cuentas privadas.

De acuerdo a la acusación, entre abril de 2020 y diciembre de 2023 la comunidad habría recibido más de $669 millones en concepto de coparticipación provincial, Aportes del Tesoro Provincial y recursos derivados de la explotación agropecuaria de las aproximadamente 66 mil hectáreas bajo su administración.

Asimismo, se analiza una transferencia de $50 millones desde el Tesoro Provincial realizada pocos días antes del final de la gestión del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, en el contexto de la designación de autoridades comunitarias.

En ese sentido, la Justicia habría detectado que no existió una asamblea formal para la proclamación de los lonkos y que las firmas de respaldo habrían sido recolectadas de manera posterior a los nombramientos, bajo la creencia de que se trataba de otra documentación.

Actualmente, Freixes permanece detenido en el Complejo Penitenciario N°1 de la ciudad de San Luis, donde cumple una condena de seis años de prisión en otra causa vinculada a la exigencia de renuncias anticipadas a magistrados antes de asumir sus cargos. Mientras tanto, la resolución de los planteos de nulidad será determinante para el futuro inmediato de la investigación por presunta corrupción en perjuicio de la comunidad ranquel.