La justicia provincial avanzó este jueves en una causa que sacude a la política puntana. La fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, formalizó la investigación penal preparatoria contra cinco ex funcionarios del gobierno provincial por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública.

Entre los imputados figuran los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, además del ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí, y los ex jefes comunales Jeremías Vivas (San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (Cortaderas).

El presunto modus operandi

Según la teoría de la fiscalía, existió un patrón de corrupción reiterado: se firmaban contratos millonarios, se liberaban anticipos y luego se rescindían los convenios sin que existiera ningún tipo de rendición ni obra ejecutada.

En su imputación, Maluf detalló que Anastasi, mientras ejercía como ministro, suscribió convenios con municipios para refaccionar comisarías, cuarteles de bomberos y dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de forma directa y contemplaban anticipos de hasta el 40% del monto. Sin embargo, los desembolsos superaron lo pactado, y en el terreno no se constató ningún inicio ni avance de obra.

Posteriormente, durante la gestión de Latini, los contratos fueron rescindidos “de común acuerdo” con los intendentes bajo la excusa de la crisis inflacionaria. Para la fiscalía, esta maniobra cerró el círculo: los fondos ya habían salido de las arcas provinciales, pero los proyectos jamás se concretaron.

Informes técnicos y constataciones judiciales realizadas en 2023 y 2024 confirmaron que los lugares permanecían en total estado de abandono, pese a los millones transferidos.

Delitos y medidas de coerción

La imputación abarca los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, dio por formulados los cargos y dispuso medidas restrictivas contra los acusados, con excepción de Ernesto Alí por su condición de legislador nacional:

  • Firma obligatoria en Fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes por 120 días.
  • Prohibición de salir de la provincia durante cuatro meses.
  • Inhibición general de bienes y prohibición de contratar con el Estado en ese período.

La fiscal Maluf, junto a su adjunta Roxana Alcaraz, destacó que la calificación es provisoria y que la evidencia reunida hasta ahora será evaluada en un eventual juicio oral. La Fiscalía de Estado, representada por Santiago Calderón Salomón y Juan Trusendi, adhirió a lo solicitado.

Una causa que promete sacudir más nombres

El expediente abre una grieta en la política de San Luis, donde funcionarios de primera línea del pasado reciente son ahora acusados de vaciar fondos públicos bajo un esquema que, según la fiscalía, se repitió en distintos municipios.

El tiempo dirá si este proceso judicial avanza hacia condenas ejemplares o si quedará archivado como tantas otras denuncias que nunca llegaron a juicio.