El exgobernador Alberto Rodríguez Saá, conocido por su control férreo de las instituciones durante sus décadas de mandato, ahora centra sus ataques mediáticos en los jueces que no le responden. Este movimiento no solo evidencia su aversión por la independencia judicial, sino que pone de manifiesto un patrón reiterado de deslegitimación hacia quienes no se pliegan a su agenda personal.
Es importante recordar que muchos de los problemas estructurales que enfrenta la Justicia de San Luis hoy tienen sus raíces en las decisiones tomadas bajo su administración. Entre ellas, el nombramiento de miembros del Superior Tribunal de Justicia alineados con sus intereses, quienes han contribuido significativamente al deterioro del funcionamiento judicial en la provincia. Estos magistrados, seleccionados no por su mérito, sino por su lealtad política, han permitido la consolidación de un sistema incapaz de garantizar justicia rápida y equitativa para los ciudadanos.
El actual colapso judicial no puede ser atribuido a quienes intentan ejercer sus funciones con independencia y profesionalismo, sino a años de manipulación y designaciones que priorizaron la obediencia sobre la competencia. Bajo el control de Rodríguez Saá, la Justicia de San Luis se convirtió en un brazo político más, con consecuencias devastadoras para su credibilidad y eficiencia.
San Luis ostenta algunos de los peores índices de resolución de causas en el país, una situación que no se generó de la noche a la mañana. Este estado de parálisis y desconfianza ciudadana es el legado de un modelo judicial sometido a intereses particulares. Que Rodríguez Saá intente ahora culpar a los jueces independientes es no solo una muestra de cinismo, sino también una estrategia para desviar la atención de su responsabilidad en este desastre institucional.
Es crucial que la ciudadanía de San Luis comprenda que el camino hacia una Justicia eficiente pasa por el respeto irrestricto a su independencia. Los ataques de Rodríguez Saá no son más que un intento desesperado de mantener control sobre un sistema que comienza a mostrar señales de resistencia a sus intromisiones. Sin embargo, mientras los magistrados nombrados bajo su sombra continúen ocupando puestos clave, será difícil hablar de una verdadera transformación judicial en la provincia.
El cambio no llegará mientras los actores responsables del deterioro de la Justicia sigan ocupando roles fundamentales. La transparencia, el compromiso con los ciudadanos y la independencia de poderes deben ser las banderas de un San Luis que aspire a superar décadas de manipulación y corrupción en sus instituciones.
