Impunidad y privilegios:
El caso del fiscal adjunto Fernando Andrés Salas es la fotografía de un sistema judicial que elige mirar hacia otro lado ante la violencia de género, mientras premia y protege a sus propios funcionarios, incluso cuando pesan sobre ellos denuncias graves. Con 15 meses y 29 días desde la denuncia presentada por su exesposa, que lo acusa de violencia de género, amenazas y desobediencia, Salas no solo mantiene su cargo, sino que fue ascendido y resguardado bajo el ala del procurador General, Luis Martínez.
Un sistema que premia al agresor
Pese a tener una causa en curso y un pedido de condena de dos años en suspenso, Salas fue designado a cargo de la Fiscalía de Género, una paradoja grotesca. Además, se le permitió trabajar en modalidad home office, privilegio otorgado por el propio Martínez, mientras que la víctima, empleada judicial, sigue bajo la sombra de la influencia laboral de su agresor.
El blindaje institucional que rodea a Salas se extiende a todas las esferas. A pesar de las disposiciones legales que impiden que un funcionario procesado por hechos dolosos mantenga su cargo, Martínez decidió sostenerlo, ignorando el artículo 14 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia.
La Justicia del revés
El 25 de julio de 2023, Salas protagonizó un episodio violento en la casa de su exesposa frente a sus hijas, quienes, aterradas, debieron encerrarse en el baño y llamar al 911. La jueza dispuso una restricción de acercamiento y ordenó la colocación de una tobillera electrónica por el alto riesgo que representaba. Sin embargo, Salas burló el dispositivo y continuó ejerciendo violencia psicológica y amenazas hacia la víctima y sus hijas.
Lejos de garantizar justicia, el sistema judicial se volcó a protegerlo. Desde la suspensión de audiencias clave, como la de control de acusación que no se realizó porque el fiscal instructor no pudo viajar, hasta propuestas absurdas como que Salas se convierta en monaguillo dos veces al mes para evitar una condena penal, todo parece diseñado para encubrirlo.
La complicidad de Martínez
La responsabilidad del procurador Luis Martínez es ineludible. En lugar de accionar ante el Jurado de Enjuiciamiento, como es su obligación, eligió proteger a Salas y asegurarse de que el caso no avanzara. Este encubrimiento no solo viola las leyes nacionales e internacionales en materia de género, sino que también compromete al Estado argentino por incumplir sus obligaciones de proteger a las mujeres.
El mismo sistema judicial que dice adoptar perspectiva de género se contradice cuando se trata de uno de sus integrantes. El silencio de quienes deberían alzar la voz evidencia que, en San Luis, las banderas feministas ondean solo cuando no incomodan al poder.
Un caso que pide justicia
El caso Salas no es solo un episodio aislado de impunidad; es un síntoma de una Justicia que se blinda a sí misma y de un Procurador que prioriza los intereses corporativos por encima de las leyes y de las víctimas. La gravedad institucional de este caso trasciende al fiscal Salas y señala directamente al procurador Martínez, quien debería responder ante el Jurado de Enjuiciamiento por su negligencia deliberada y su rol como cómplice en el encubrimiento de un agresor.
San Luis merece una Justicia que actúe con firmeza, sin privilegios ni protecciones para quienes ejercen violencia. Y merece, sobre todo, que sus instituciones dejen de ser cómplices de la impunidad.
