Hay casi 1 millón trabajadoras y trabajadores de la salud en todo el país. Son la primera línea para enfrentar el coronavirus con un sistema de salud fragmentado y desfinanciado, que estalló por los aires frente a la llegada de la pandemia. No se contagian a propósito. Sus vidas no son descartables, importan.

Por:

Johana Gómez.

Referente provincial del PTS / Frente de Izquierda – Unidad. 

La curva de contagio va en franco ascenso con casi 3.000 muertes. La ocupación de camas de terapia intensiva se volvió crítica en el AMBA, llegando algunos hospitales al 100 % de su capacidad. Lo vemos en el Hospital Posadas, que barca una zona de 6 millones de personas o el Hospital San Martín de La Plata, donde la ocupación ya está en el 90 %. En la Ciudad de Buenos Aires, la ocupación llegó al 85 %. Las trabajadoras y los trabajadores de la salud no quieren llegar a la crítica situación de tener que decidir quién accede y quién no a un respirador o a una cama, y quién puede y quién no recibir atención.

Crecen los contagios también entre el personal de la salud, superando el 14 % en el AMBA, llegando al 35 % en provincias como Jujuy, y con un caso en San Luis proveniente de un médico. A todo esto, la primera línea de la salud debe sumarle ataques de los diferentes Gobiernos que van desde reducciones salariales, pago de sumas en negro, despidos de contratadas y contratados, falta de insumos, y un avance enorme en la precarización en los hospitales y dispensarios; hasta la criminalización y las acusaciones provenientes de las autoridades gubernamentales, aduciendo que quienes trabajan en la salud “no se cuidan” o “no respetan los protocolos” o que obran con “negligencia extrema”.

En este contexto, el Gobierno de Alberto Fernández decide “flexibilizar” la cuarentena por presión de los dueños del país (ricos y empresarios), no respondiendo a criterios epidemiológicos, sino a lógicas especulativas, empresariales y de lucro privado. Las muertes de trabajadoras y trabajadores de la salud por COVID-19 son un verdadero crimen, de las cuales, el Estado es responsable.

Mientras la crisis sanitaria, económica y social se profundiza en todo el mundo, la llegada del virus dejó a la vista que los sistemas de salud bajo la lupa del mercado son impotentes para responder a este tipo de enfermedades emergentes.

En Argentina, en los más de 120 días de aislamiento social, no se tomaron medidas de fondo, como la reconversión de ramas de la industria para producir los insumos necesarios para equipar los hospitales o incrementar los testeos o el nombramiento de personal con todos los derechos laborales que correspondan. Pero, sobre todo, la centralización del sistema de salud, como medida de conjunto para que todos los recursos disponibles estén bajo órbita estatal (con gestión de trabajadoras y trabajadores de la salud, y control de la comunidad), es central para que verdaderamente haya una planificación y los recursos se distribuyan según la necesidad y no según quien pueda pagarlos.

Las trabajadoras y los trabajadores de la salud laburan diariamente desde la primera línea. Son parte de ese personal esencial que pone el cuerpo para enfrentar la pandemia. En un sector laboral donde casi el 70 % son mujeres, muchas sostén de hogar, también es necesario organizarse por sus derechos. No es exagerado cuando denuncian la falta de camas, de personas especializadas y de insumos, la falta de medicamentos esenciales para tratamientos de enfermedades crónicas, y la terrible precarización que sufren.

Por eso, es fundamental organizarse desde abajo, impulsando cuerpos de delegadas / delegados y comisiones de seguridad e higiene en todos los hospitales y centros de salud junto a las y los jóvenes residentes, las trabajadoras y los trabajadores de limpieza, enfermería, administración, técnicos, promotoras/es de salud, de las diferentes profesiones y médicas/os, a los fines de avanzar hacia una gran coordinación interhospitalaria que permita plantear de conjunto el plan de lucha necesario para garantizar (realmente) el derecho a la salud y para que esta deje de ser un negocio.

Los espacios de reunión a puertas cerradas con las direcciones y funcionarios no sirven para ello. Los comités de crisis vienen cumpliendo el rol de administrar la miseria, dándole la espalda a las demandas de la clase trabajadora. Los gremios, sindicatos, centrales y federaciones tienen que ponerse al frente de aquélla tarea, rompiendo la pasividad y poniéndose a la altura de la situación que están viviendo las trabajadoras y los trabajadores de la salud.

Estamos entrando a la crisis sanitaria, económica y social más importante de las últimas décadas. Por ello, quienes vivimos de nuestro trabajo tenemos que prepararnos para que no recaiga sobre nuestras espaldas, sino sobre las bóvedas multimillonarias de los dueños del país, los ricos y el empresariado.