San Luis (LaNoticia) 26-09-17. Ricardo Bazla, se presentó ayer ante el juzgado Nº 3, a cargo de Virginia Palacios.
“Denuncia penal, formuladas contra las ministras de Desarrollo Social, Ciencia y Tecnología, y Hacienda, a las tres he denunciado por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario públicos, malversación de caudales públicos, peculado y violación de juramento constitucional” expresó el abogado Bazla.
Sobre los bienes públicos, dijo “la tabletas que ha adquirido la provincia son 122.500 que habrían costado aparentemente, $ 81.250.000, tampoco hay claridad sobre ese tema, esa cifra está imputada sobre el presupuesto de la Universidad de La Punta, pero lo está ejecutando el Ministerio de Ciencia y Técnica, por lo cual hemos pedido que se llame a declarar de forma testimonial al rector de la ULP, Fernando Salino”.
Además explicó “la desviación del reparto de esos bienes públicos, a través de las sede del partido de los Rodríguez Saá, esto se originan el 19 de junio, cuando la Agencia de Noticias publicó la nómina de personas que iban recibir las tabletas, alumnos de primer y segundo grado, docentes, policías, jubilados, integrantes del Plan de Inclusión y de los organismos de salud, luego del resultado de las PASO, comienza una espiral de excesos de los funcionarios provinciales, en cuanto a utilizar indebidamente los bienes y espacios públicos, se empieza con la distribución de estas tabletas a punteros políticos y los que manejan merenderos, aquí viene la vinculación con la señora Torrontegui, quien es quien crea estos merenderos, se entregan las tabletas a los dirigentes con otra finalidad, y acá entra el peculado, en qué consiste esto, en utilizar fondo públicos en provecho de terceros, quiénes son los terceros, los candidatos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, quienes son beneficiados por el accionar delictivo de las tres ministras” dijo el abogado.
Si se comprueba esto, las penas para estos delitos son de dos a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública.
Federico Capella
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