San Luis (LaNoticia) 07-06-17. El expediente judicial está parado por una decisión del interventor del Servicio Penitenciario Provincial contraria a una orden del juez.
El hecho de que el interventor del Servicio Penitenciario Provincial, Hugo Scarso -a su vez abogado defensor de Alberto Leyes, hombre al que sistemáticamente no se lo investiga en este mismo expediente-, haya enviado a uno de los procesados en el caso que investiga (¿?) el asesinato de Romina Aguilar a Pampas de las Salinas, despertó indignación en las partes de este expediente y, según las malas lenguas judiciales, en el mismísimo juez Cadelago Filippi.
El artículo 69 del Código de Procedimiento Criminal, permite que el procesado participe personalmente de todas las audiencias testimoniales que tenga una causa judicial y en base a esto, Santiago Calderón, defensor del imputado Cristian `El Bocón´ Vilchez, le solicitó a Cadelago Filippi que se lo trasladara desde Pampa de las Salinas hasta la Penitenciaría local. Ante esto, el juez dio la respectiva orden, pero nunca dictó orden en contrario.
El interventor penitenciario Scarso, sospechosamente hizo una jugada insólita, toda vez que envió a Vilchez nuevamente a Pampas de la Salinas, actuando en contrario a la orden del juez, es decir Scarso se consideró con más poder que un juez y esta jugada deja muy mal parado a Cadelago Filippi.
Para Calderón la actitud de Scarso “se constituye en un grave atropello a la Constitución y el CPC”, mientras que para Carlos Salomón -defensor de Diego Lorenzetti-, se trata de “una situación manifiestamente arbitraria del servicio penitenciario, sobrepasando no solo los derechos constitucionales de mi defendido sino también la Investidura del Juez y del Proceso Judicial”.
En contexto
Romina Aguilar (32) fue asesinada alrededor de las 06:40 del sábado 30 de enero de 2016, en la puerta de la casa 1 de la manzana 78 del barrio FAECAP, en el norte de la ciudad de San Luis, donde la mujer residía junto a su esposo e hijos.
En momentos en que la mujer acababa de sacar su camioneta Renault Duster para viajar a La Calera, donde cursaba el final de la escuela secundaria a través del programa Plan de Inclusión Educativo (PIE), fue sorprendida por dos jóvenes armados que iban en moto.
Los agresores la tomaron de la ropa, la arrastraron unos diez metros por el suelo, le dispararon dos balazos calibre .45, y escaparon en el mismo rodado en el que llegaron y sin robar nada, por lo que el robo como móvil del asesinato fue descartado de entrada.
Por el hecho, la justicia penal procesó al brasilero De Oliveira por haber confesado su participación luego de entregarse voluntariamente y ser sometido a indagatoria. Como De Oliveira en su indagatoria dijo que Vilchez le habría contado que lo habría contratado su primo `El Chori´ Heredia a pedido supuestamente de Lorenzetti, la justicia procesó al intendente de La Calera. Lo sospechoso de este acto judicial, es que `El Chori´ fue llamado a declarar y dejado en libertad por haber asegurado que jamás fue contratado por Lorenzetti para `un trabajo´, como declaró Oliveira. ¿El juez le creyó a `El Chori´ por no considerarlo nexo y a Lorenzetti lo dejó procesado? ¿Cómo es esto?
Debido a esto, políticamente la Legislatura provincial suspendió a Lorenzetti en el cargo de intendente de La Calera.
Carlos Rubén Capella
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