Salvador Zúñiga, hijo de la asesinada dirigente ambientalista e indigenista Berta Cáceres reclamó, tras la detención de cuatro sospechosos de ese crimen, que la pesquisa la haga «una comisión internacional independiente», dado que él y sus hermanas fueron «excluidos del proceso de investigación desde sus inicios», así como que el gobierno acepte para ese trabajo el apoyo ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Para entender un poco los hechos que llevan a su asesinato basta con ver la situación que se vivía los meses anteriores (a su muerte, el 3 de marzo pasado), en los que por esa lucha social que llevaban los pueblos originarios habían sido asesinados cuatro compañeros, todos vinculados a la lucha contra el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, del que mi mamá fue una de las dirigentes», dijo Zúñiga tras la detención en Honduras de cuatro acusados por ese crimen.
Agregó que su mamá «había recibido en los últimos meses 33 amenazas de muerte, todas vinculadas con ese proyecto», que retomó la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA).
Zúñiga está radicado en la Argentina desde hace cuatro años junto a una de sus hermanas, Laura Yolanda, porque se sienten «en una situación de amenaza constante».
«Vinimos a la Argentina por la situación crítica que se vive en Honduras, por el golpe de Estado (que en 2009 derrocó al presidente Manuel Zelaya), pero también por la situación que está dirigida fundamentalmente contra los luchadores sociales», agregó.
Recordó que su madre «fue detenida dos veces simplemente por defender los derechos elementales de los pueblos originarios; eso en Honduras es peligroso y más del 90 por ciento de los asesinatos quedan en la impunidad».
El joven, estudiante avanzado de medicina, abundó en los motivos de su desconfianza sobre la investigación que puedan realizar el Ministerio Público y la policía de Honduras.
Por ejemplo, dijo, «uno de los cuatro asesinados (antes que su madre) fue Tomás García, y el militar que le disparó sólo fue detenido por unos días y luego quedó en libertad; además hay videos de militares que entraban a medianoche a la casa de compañeros y compañeras diciéndoles que si seguían con esa lucha (contra la hidroeléctrica) los iban a asesinar».
«Y esas amenazas también fueron dirigidas contra las madres de los compañeros asesinados que estaban llevando adelante el proceso; lamentablemente esas amenazas eran reales, por lo que había una situación terriblemente crítica en la comunidad de Río Blanco y en Honduras en general», denunció.
Según Salvador, su madre abarcaba «muchos intereses de lucha: por los derechos de los pueblos originarios, pero también el reconocimiento de la lucha de las mujeres contra el sistema patriarcal existente».
«Los pueblos originarios, al tener grandes riquezas naturales son los que al darse el golpe de Estado, fundamentalmente, sufren la entrega de esos recursos, y entonces también luchan contra el capitalismo, por la entrega (que promueve) de sus territorios, la venta (de lo que tienen) y el desalojo» de esas comunidades indígenas, explicó.
Su madre, de etnia lenca, la mayor comunidad originaria de Honduras, también llevaba adelante «la lucha contra el racismo», enfatizó, porque «es un sistema racista que viene desde el momento de la colonización, y que ahora viene disfrazado de nuevas formas, pero es el mismo sistema racista que sigue emergente».
«En la historia de mi país, todos los recursos han sido prácticamente entregados a las grandes trasnacionales; tenemos, como ejemplo, las grandes bananeras, las maquilas, los proyectos mineros e hidroeléctricos que ya estaban, pero a partir de 2009 esa situación se hace todavía más evidente, más descarada», afirmó Zúñiga.
Sostuvo que desde el golpe de Estado se hicieron «más de 350 concesiones para proyectos hidroeléctricos, más de 150 territorios para proyectos mineros, todas concesiones violando derechos elementales».
Por ejemplo, explicó, «Honduras forma parte del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que obliga al Estado a hacer una consulta previa (a las comunidades indígenas) para hacer esos proyectos», pero «en Honduras eso no existió y esas concesiones fueron acompañadas por amenazas y por asesinatos de compañeros».
«Comprobar que la empresa DESA está involucrada en el asesinato, implica que el Estado también lo está», disparó Salvador.
Dijo que eso es así porque «los militares tenían presencia en los planteles de DESA, habían amenazado a muchos compañeros, y también son cómplices los bancos financiadores y Estados Unidos que también estaba vinculado al proyecto a través de acuerdos de cooperación de la Usaid (organismo de apoyo al desarrollo)».
El joven recordó que inicialmente el proyecto hidroeléctrico lo compartían la empresa china Sinohydro, el Banco Mundial y la empresa DESA, y era financiada por bancos holandeses, uno finlandés y otros alemanes.
«Se logró que salieran Sinohydro y el Banco Mundial, pero quedaron los demás bancos y DESA, y en ese contexto se reimpulsó el proyecto», que había logrado frenar la lucha del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), que encabezaba Berta Cáceres, por lo que recibió el premio Goldman, la mayor presea internacional por el cuidado del medio ambiente, conocido como el «Nobel Verde».
«En ese contexto se reinició la lucha contra la hidroeléctrica y las amenazas contra mi mamá; por eso nosotros tenemos tan claro quiénes son los responsables» de su asesinato, dijo, incluyéndose en la lucha del Copinh.