San Luis (LaNoticia) 12-02-15. Ante la proximidad de la marcha del 18F convocada por funcionarios judiciales de Buenos Aires, a la que adhirieron sus pares de San Luis, el Observatorio de Derechos Humanos de la Municipalidad de San Luis emitió un comunicado de prensa en el cual señala que “considera necesario realizar algunas consideraciones respecto a los últimos acontecimientos que se viven en nuestro país”.
El comunicado dice textualmente:
“La convocatoria efectuada por un grupo reducido de fiscales que forman parte del Poder Judicial de la Nación para la realización de una marcha por el lamentable fallecimiento del Dr. Alberto Nisman y que ha recibido la adhesión de sectores políticos, gremiales y sociales y llamativamente de la conocida y agresiva defensora de genocidas Cecilia Pando. Esta situación abre un espacio para la reflexión, además de generar algunas advertencias en un periodo tan especial como es un año electoral.
La solicitud por el esclarecimiento de lo sucedido indudablemente debería ser dirigida al Poder Judicial, estamento al que los propios fiscales convocantes, pertenecen. Pero la idea que ronda en este tipo de actos es que el único responsable de todos los hechos es el Poder Ejecutivo. Desde cualquier perspectiva social, filosófica o política que se analice, es una ingenuidad creer que existe UN SOLO PODER, capaz de generar los hechos y único encargado de resolverlos. Poderes hay muchos, y están en diversos espacios de la sociedad.
La cantidad y diversidad de declaraciones públicas, orales o escritas producidas en los últimos días, por medios de comunicación o por dirigentes provinciales, nacionales e internacionales aparecen como si todos estuvieran autorizados para a hablar de todos los acontecimientos, aun desconociendo o tergiversando los principios democráticos elementales. El poder no es sólo el poder ejecutivo y no siempre ha sido el más fuerte, es un poder entre otros. El poder judicial, es también un poder, las oposiciones políticas tienen poder, relativo a su participación en el Parlamento y en sus manifestaciones mediáticas. Las jerarquías religiosas tienen poder, la geopolítica estadounidense tiene poder en todo el mundo, las fuerzas de seguridad tienen poder, los medios de comunicación tienen poder, los empresarios y financistas tienen un fuerte poder de imposición y de “lobby”.
No existe el poder sino los poderes: múltiples, en combinación y en lucha entre sí. Porque donde hay poder hay resistencia. Un sector de la sociedad desconoce que el poder muchas veces no consiste principalmente en obstaculizar el hacer, sino que precisamente lleva a realizar lo que ese poder impulsa a hacer. Es decir, en ocasiones Poder significa la capacidad para imponer a otros una voluntad.
Por esta razón, es menester recalcar que en Democracia, a todos se garantiza el Derecho a opinar, pero es un deber diferenciar Opinión de Conocimiento, distinguir que el significado del concepto de Expresión no es el mismo que el de Responsabilidad Jurídica.
Las etapas tenebrosas que Argentina y Latinoamérica han vivido durante los gobiernos que adoptaron el Terrorismo de Estado como eje de poder, advierten como la sociedad en su conjunto puede valorar desde que sectores se organizan actos, marchas o manifestaciones y, fundamentalmente que intereses poseen y qué objetivos se proponen.
La dinámica de un sistema democrático demanda a los integrantes del poder judicial que se expresen con justicia y verdad en la investigación y en las sentencias, esa es la misión que la Constitución les exige. La función constitucional que se asigna a los legisladores de todos los signos partidarios es la construcción de propuestas y proyectos legislativos y un debate responsable de los mismos. Al poder ejecutivo le corresponde la jefatura del Estado, la representación internacional del país, la promulgación de las leyes, entre las principales funciones. Y a todos, absolutamente a todos los sectores, el respeto irrestricto de la voluntad popular y de los mandatos aprobados con la participación de diferentes representantes electos. No puede desconocerse la cantidad y la variedad de acciones producidas en los últimos años en procura de generar desconfianza, descontento, agresividad, cuando en realidad la mayoría del pueblo argentino ha ampliado el acceso a Derechos sociales, políticos y económicos, vedados en etapas anteriores.
Es absolutamente necesario el esclarecimiento del fallecimiento del fiscal Nisman, pero también avanzar concretamente en la investigación y develamiento del horrendo atentado a la AMIA. Como necesaria e irreversible fue la decisión política asumida en el año 2003 que ha permitido la investigación de los hechos del Terrorismo de Estado y el juzgamiento de los responsables por Delitos de Lesa Humanidad”.
Carlos Rubén Capella
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