San Luis (LaNoticia) 23-12-15. A poco más de 10 días de asumir el nuevo gobierno nacional, se reprimió violentamente, a través de Gendarmería, la protesta que llevan adelante los trabajadores de la empresa Cresta Roja; bueno es informarse que 4.000 asalariados perderán sus puestos de trabajo, ante la declaración de quiebra de la empresa. Sin interlocutores, sin representantes del Poder Judicial ni del Poder Político presentes, las fuerzas de seguridad arremetieron contra la protesta con balas de goma, carros hidrantes y golpes, por “orden del presidente”.
Y para confirmar la decisión política de reprimir cualquier protesta social, la vicepresidenta Michetti aseguró en conferencia de prensa que esta metodología se llevará a cabo en TODOS los casos de corte de rutas o calles; por supuesto sin análisis alguno de las motivaciones o razones específicas de la manifestación.
Asimismo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reveló hace dos días que el Gobierno y el Poder Judicial preparan un “protocolo de protesta social” para enfrentar a los reclamos que surgen como demostración de disconformidad ante las medidas de ajuste y los tarifazos anunciados y los que, seguramente vendrán.
En todos los procesos de implementación de políticas neoliberales, es imprescindible la represión como herramienta de disciplinamiento de la sociedad ante la creciente protesta social, generadas por las últimas medidas que significan una enorme transferencia de recursos desde el pueblo hacia los sectores minoritarios y más ricos del país y las corporaciones. La historia muestra claros ejemplos, por mencionar los más recientes: Martínez de Hoz requirió de la planificación de una represión feroz y genocida hacia las organizaciones sociales en los años 70 para sostener la desindustrialización y la “apertura al mundo”. En la década de los 90, la convertibilidad de Cavallo y la privatización del país entero, precisó del castigo a todos los opositores para garantizar las “relaciones carnales” con los organismos internacionales financieros. Proceso que culminó hace 14 años, el 19 y 20 de diciembre del año 2001, con las calles del país encendidas y con asesinatos que aún esperan justicia.
El gobierno nacional actual, recién asumido declara la emergencia en seguridad y no se explica qué atribuciones tendrán las fuerzas represivas para encarar los conflictos, pero ayer se demostró fehacientemente cómo se actúa y se actuará en ese sentido.
El presidente invita al diálogo y a la unidad de los argentinos, pero las decisiones políticas y económicas que se han tomado demuestran lo contrario.
La mayoría del pueblo argentino conoce sus Derechos y a pesar de la represión, sabrá cómo defenderlos. La Historia también así lo indica.