Consideran que por primera vez hay avances en la lenta investigación de un caso que sigue incomodando al gobierno del presidente Nieto. El campamento fue instalado el jueves pasado en las inmediaciones de la casa presidencial.
En un encuentro celebrado en el lugar, el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales, dijo que el balance del plantón «es positivo» y representa «un buen inicio en el camino que se viene», que implica un «replanteamiento de las investigaciones» y «nuevas líneas de búsqueda».
Los padres anunciaron el lunes el levantamiento del campamento al finalizar una reunión encabezada por la fiscal Arely Gómez, que calificaron de positiva por los avances en la investigación tras la creación de una unidad especializada en el caso que trabaja con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) de la CIDH concluyó en septiembre que no había pruebas científicas que permitieran confirmar que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, como sostuvo la fiscalía, y pidió continuar la búsqueda de los alumnos y abrir nuevas líneas de investigación.
Mario César González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, calificó como un «paso importante» la reunión celebrada el lunes, ya que permite que la hipótesis del «basurero de Cocula pase a un segundo término».
«Son unos pasitos, pero ahí vamos (…) hasta las últimas consecuencias», señaló.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz, destacó que si bien «no confían en el gobierno», la creación de la unidad especializada en el caso y la incorporación de las recomendaciones del Giei representan «un avance más para caminar hacia la verdad».
Sobre los compromisos logrados en el encuentro, mencionó las reuniones que sostendrán cada 15 días en Chilpancingo, capital de Guerrero, con el subprocurador Eber Betanzos, responsable de la investigación, para que les informe sobre los avances de las pesquisas.
Asimismo, dijo que la titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) se reunirá cada mes con los padres en Acapulco para atender sus inquietudes respecto del avance de las investigaciones.
Rosales destacó que «la lucha» no termina porque aún no saben qué pasó el 26 de septiembre de 2014 con los 43 estudiantes para maestros de Ayotzinapa.
Según la versión oficial, decenas de jóvenes fueron atacados a tiros por policías de Iguala presuntamente por órdenes del entonces alcalde, José Luis Abarca.
Esa noche murieron seis personas, entre ellas tres alumnos, y 43 estudiantes fueron detenidos por policías y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes presuntamente los asesinaron y quemaron en el basurero del municipio vecino de Cocula.
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa, también calificó de «muy positiva» la reunión del lunes y destacó el compromiso de sostener encuentros periódicos para mantener informados a los padres sobre las pesquisas.
En relación a éstas, dijo que ya han revisado con el Giei las «líneas de investigación en donde hay que profundizar y las tareas de búsqueda».
Campa precisó que hasta ahora han revisado «669 lugares distintos» en Guerrero, Puebla y el Estado México, entre ellos cuevas, bodegas, barrancas, aeródromos y presas, donde podrían estar los restos de los jóvenes, si bien aclaró que también son buscados «con vida».
Señaló que hasta ahora son «casi 115» los detenidos por este caso y destacó que ahora indagan quiénes les daban instrucciones, «cómo están conformados estos grupos delictivos y, en consecuencia, ascender al siguiente nivel de decisión».
El jueves pasado, cuando se cumplieron 14 meses de la desaparición, los padres instalaron el campamento frente a Los Pinos para exigir información sobre el caso y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno, como la creación de la unidad especializada.
