Quince años después del fin del conflicto armado entre el Estado peruano y Sendero Luminoso, varios partidos y organizaciones pusieron en marcha la campaña #Reúne, que impulsa la aprobación de una ley para la búsqueda de los miles de desaparecidos.
Aunque la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), que investigó los crímenes ocurridos en Perú entre 1980 y 2000, cifró en 8.558 el número de desaparecidos, otros organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) elevan ese número a entre 13.000 y 16.000 personas.
El primer indicador de la magnitud del problema es que no hay una cifra única ni un listado de desaparecidos, explicó Rafael Barrantes, responsable de Programa del CICR «Personas desaparecidas y sus familiares», quien afirmó que el dato más consensuado es de 15.000.
Aunque se conoce la ubicación de más de 6.000 sitios de entierro y fosas comunes, la legislación peruana, sin embargo, no ha facilitado la búsqueda de desaparecidos, por lo que los promotores de la campaña consideran que un nuevo marco legal propiciaría la identificación forense, los rituales fúnebres y el acompañamiento y apoyo emocional a las familias.
El objetivo de la campaña es que el Ministerio de Justicia envíe al Congreso el proyecto de ley de búsqueda de personas desaparecidas, cuyo texto fue acordado en mayo de 2014 con los distintos sectores involucrados.
Hasta diciembre del año pasado sólo se recuperaron 3.146 restos humanos, identificaron a 1.715 e hicieron entrega de 1.599 a los familiares, según datos del equipo forense especializado del Instituto de Medicina Legal.
Para intensificar la búsqueda surge esta campaña impulsada por los propios familiares y apoyada por el CICR, la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico, la Defensoría del Pueblo y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, entre otras instituciones.
«Los familiares ya no pueden esperar más. Se están muriendo sin tener respuestas», destacó Barrantes.
La comisionada adjunta para los derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, Marlene Román, dijo que el hecho de que las exhumaciones estén condicionadas a la interposición de una denuncia penal hace que los avances sean insuficientes.
Román aseguró que hay muchas personas que tienen datos de dónde están los desaparecidos, pero no los facilitan por temor a verse involucrados en una investigación fiscal, por lo que se precisa un mecanismo para recabar información de carácter confidencial.
El drama de los desaparecidos en Perú ha sido llevado a las pantallas recientemente por el cineasta Héctor Galvez, en su cinta «NN», estrenada hace una semana y elegida para representar a este país en los Premios Óscar.
La película narra las dificultades de un equipo de forenses para identificar los restos exhumados de un desaparecido, que solo lleva oculta en un bolsillo la fotografía de una mujer.