La visita finalizará el sábado y tiene como objetivo «verificar en el terreno las condiciones de las personas de nacionalidad colombiana que han sido expulsadas del territorio venezolano o que han decidido retornar a su país».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició ayer una visita a la frontera entre Colombia y Venezuela para «observar la situación de derechos humanos de las personas» en esa conflictiva zona, tras la deportación de un millar de colombianos, con el aval del gobierno de Juan Manuel Santos, pero no todavía del presidente Nicolás Maduro.
Por la delegación de la CIDH viajaron el comisionado y jurista chileno Felipe González, relator sobre derechos de las personas migrantes y relator para Venezuela; el comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, relator para Colombia, y el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza, entre otros.
Conforme a las normas que rigen su mandato, la CIDH pidió permiso a los gobiernos de Colombia y Venezuela para visitar ambos lados de la frontera.
La Comisión recibió conformidad de Colombia, pero «hasta el momento no se ha recibido respuesta del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», señaló el organismo que depende de la OEA.
Por ese motivo, la CIDH sólo visitará, por el momento, el lado colombiano de la frontera.
La delegación iniciará su recorrido en Bogotá y luego recorrerá Cúcuta y Villa del Rosario, en el departamento del Norte de Santander, precisó la Comisión.
Durante su estancia en Colombia, la delegación de la CIDH se reunirá con «autoridades colombianas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de organizaciones internacionales y personas afectadas por la situación en la frontera entre Colombia y Venezuela».
La visita de la CIDH a la frontera entre Colombia y Venezuela se produce días después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, visitara Cúcuta para conocer de primera mano lo que ocurre en la zona.
Las tensiones empezaron el 20 de agosto, cuando Maduro cerró la frontera entre el Estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano Norte de Santander, decretó el estado de excepción en algunos sectores limítrofes y ordenó las deportaciones, con el argumento de la lucha contra el contrabando y las bandas paramilitares que operan en la zona.
El pasado viernes, Venezuela cedió a una de las condiciones de Santos y abrió un corredor humanitario para que más de 2.000 estudiantes que residen en ese país puedan cruzar la frontera a fin de retomar clases en Colombia, pero en los días sucesivos la situación empeoró debido a nuevas acciones restrictivas ordenadas por Maduro.
Cifras del gobierno colombiano indican que 1.097 personas han sido deportadas desde que empezó la crisis, aunque más de 15.000 cruzaron la frontera para retornar a su país, anticipándose a esa medida adoptada por Maduro que generó una fuerte crisis de la que ya habla el mundo entero.
