Lo que el macrismo nos legó y se llevó
Por:
Johana Gómez.
Candidata a Diputada Nacional por el Frente de Izquierda – Unidad.
Con el anuncio del pasado miércoles, Hernán Lacunza, nuevo ministro de hacienda (vale decir, de “emergencia”) emitió el certificado de defunción de un gobierno nacional en crisis que, en los hechos, ha perdido el poder político luego de las P.A.S.O. del 11 de agosto.
El “mejor equipo económico y de gobierno de los últimos cincuenta años” culminará su mandato, decretando una reestructuración y default selectivo de la deuda pública, lo que significa la postergación de los vencimientos de deuda y el comienzo del diálogo con el FMI para extender los plazos de vencimiento.
Para ello, el macrismo propone discutir en el Congreso Nacional un proyecto de ley que extienda los plazos de la deuda local sin quita de capital. Es decir que la casta política gobernante abre el parlamento solamente para salvar a los especuladores, renegociando una deuda ilegítima, en vez de discutir medidas que terminen con la fuga de capitales y el chantaje de los mercados.
Si vamos al grano, ya de por sí, la deuda es una pesada carga. El próximo gobierno presidencial deberá afrontar pagos por un total de 166 mil millones de dólares en cuatro años, a un promedio de 41.513 millones de dólares anuales. Esto es un 10 % del PIB (Producto Interno Bruto, vale decir, lo que produce el país) que se irá por año a manos del capital financiero.
De hecho, Alberto Fernández (candidato presidencial del Frente de Todos) si bien cuestionó en varias ocasiones el endeudamiento del macrismo, se ha encargado de repetir infinitamente que la deuda se pagará sin siquiera analizar o auditar previamente sus irregularidades, suspendiendo sus pagos.
Mientras la crisis económica nacional continúa pulverizando el salario de millones de trabajadoras y trabajadores, los bancos son los grandes ganadores del juego financiero, ganando en los últimos doce meses 241,4 mil millones de pesos, a lo que hay que sumarle la fuga de capitales (13.832 millones de dólares en lo que va del año) perpetrada – entre otras y otros – por la familia Rocca (dueña de Techint) Coto, los familiares del presidente, y muchos empresarios y ricos del país.
Pero, esto no es todo. Además, el reparto de las ganancias de la rosca financiera y de los mercados queda en manos de un pequeño grupo de 200 empresas, que integran la cúpula económica, concentrando casi el 70 % de las exportaciones. Son muchas de las compañías que remarcaron los precios tras la devaluación y especulan con los mismos, como los grupos nacionales trasnacionalizados (Techint o Arcor) cerealeras (Cargill, Bunge, AGD, Vicentín, Dreyfus, Toepfer, Molinos Río de La Plata y Nidera) automotrices y mineras.
Con semejante panorama, es claro que se deben tomar medidas que eviten una catástrofe que afecte considerablemente las condiciones de vida y los derechos del pueblo trabajador. Tales son las que propone el Frente de Izquierda – Unidad con Nicolás Del Caño, Myiriam Bregman, Christian Castillo y demás referentes.
Por un lado, la nacionalización de la banca, bajo gestión de la clase trabajadora, es una medida urgente, no sólo para cortar de raíz con el vaciamiento del país que tiene curso mediante la fuga de capitales, sino también para defender el patrimonio del pequeño ahorrista y reestablecer el crédito orientado a necesidades sociales.
Por otro, el monopolio estatal del comercio exterior es otra medida realista para que las divisas no sean utilizadas para especular, sino para atender las necesidades sociales más urgentes.
Y, además, es necesario romper con el FMI, terminar con la estafa de la deuda y tomar medidas urgentes en favor de las mayorías, como el aumento inmediato de salarios, jubilaciones y planes sociales, la prohibición de los despidos y la anulación de los tarifazos.
Todo ello, apostando a la organización y movilización de la clase trabajadora y los sectores populares, como así también, a un Paro General Activo de 36 horas.