Una profundización de la política represiva del gobierno nacional, a tono con las exigencias del “Fondo Monetario Internacional” (FMI) para garantizar el ajuste contra la clase trabajadora y los sectores populares.
En un breve discurso que realizó durante esta semana, Mauricio Macri dio a conocer los lineamientos de una política destinada a una mayor intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la seguridad interior. Esto implica que las mismas ocupen un mayor rol en la custodia de las fronteras nacionales, al mismo tiempo que tendrán la tarea de defender lo que el mismo mandatario llamó «objetivos estratégicos», definición esta que -dicho sea de paso- es bastante peligrosa por su ambigüedad, abstracción y generalidad.
Desde Campo de Mayo, justamente donde funcionó un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar, el presidente anunció la reforma del Sistema de Defensa Nacional. Los cambios que el gobierno nacional planteó implican un avance represivo con una mayor injerencia de los militares en la seguridad interior. Una modificación que, vaya “casualidad”, va a acompañar el ajuste que se está llevando a cabo, acordado con el FMI, y avalado por el gran empresariado y el peronismo.
Para justificar semejante reforma, el discurso presidencial apuntó a intentar despegar a las actuales Fuerzas Armadas de cualquier relación con el genocidio de la última dictadura. “Los hombres y mujeres de las FFAA del siglo XXI son hombres y mujeres de la democracia”, afirmó el dirigente de “Cambiemos”.
Sin embargo, la realidad es que todavía existen miles de efectivos que actuaron durante la dictadura del ´76 cumpliendo funciones en las fuerzas de “seguridad”. Este cambio (qué “cambio”) a tono con el discurso que ha venido planteando EEUU en los últimos años, implica una mayor subordinación de Argentina a las políticas imperialistas norteamericanas en la región.
Evidentemente, el macrismo quiere una mayor injerencia de los militares en el control del territorio nacional para tenerlas a mano y reprimir la protesta social que se intensificará cuando la clase trabajadora y los sectores populares salgan a enfrentar el ajuste que exige el Fondo.
¿Otra vez, los milicos a las calles?
La derrota nacional en la guerra de Las Malvinas y el genocidio ejecutado por la última Junta Militar en el poder (1976/1983) produjo un cambio histórico entre las masas y las Fuerzas Armadas argentinas. La capitulación en la guerra contra el imperialismo inglés no sólo precipitó la caída de la dictadura cívico-militar, sino que profundizó el desprestigio de las FFAA, que ya venía en caída a partir de la valiente lucha de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de familiares desaparecidos y de Derechos Humanos.
El denominado “Partido Militar”, actor político desde el golpe de Estado de 1930, desapareció como tal. No obstante, el régimen democrático instaurado desde 1983 garantizó durante 35 años la impunidad para la mayoría de los genocidas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Concretamente, mantuvo en funciones hasta el día de hoy -el caso de César Milani durante el gobierno kirchnerista es sólo la punta del iceberg- a gran parte del aparato represivo y de inteligencia heredado de aquellos días oscuros.
El genocidio realizado con la dictadura del ´76 y sus consecuencias no son cuestiones del pasado, sino que muestran de lo que pueden ser capaces las FF.AA, de Seguridad e Inteligencia cuando se las envalentona, sirviendo de brazo armado para garantizar el lucro y las ganancias del empresariado y los terratenientes, con ajuste mediante.
En su momento, la actuación de las Fuerzas Armadas había quedado muy limitada en el terreno de la “seguridad interior”, recurriendo a ellas para apoyo logístico. Ahora, con las modificaciones anunciadas por Macri, volverán a ser utilizadas en tareas de seguridad, bajo la excusa de “combatir” el terrorismo y/o el narcotráfico y/u “objetivos estratégicos”. Todo esto en el marco de un avance del alineamiento del Estado Nacional con el imperialismo estadounidense y su Comando Sur.
Ante esta situación, que hay que denunciar, es fundamental la organización de la clase trabajadora, los sectores populares, el movimiento estudiantil y de mujeres para exigir la NO intervención de las FFAA en la represión interna, y seguir luchando por la derogación de la legislación anti-terrorista y de toda aquélla que criminalice la protesta social.
Por Johana Gómez – Referente provincial del PTS – Frente de Izquierda