“Ustedes los periodistas con esas especulaciones infundadas me ponen en una situación delicada a mí y a mi familia, porque decir que me he enriquecido, me vuelven una persona secuestrable”, fue la insólita respuesta de hace varios años, del hombre más rico materialmente que conozca la historia de San Luis y que haya sido gobernador.
A lo largo del tiempo las acusaciones y las sospechas sobre él y su hermano actual gobernador han sido varias, múltiples y reiteradas. Y aun cuando algunas oportunas denuncias judiciales quedaron en el olvido, sigue vívido en el conocimiento de miles de comprovincianos que no es normal poseer tanta riqueza sin que algo turbio haya sucedido repetidamente a lo largo de más de tres décadas.
Sus declaraciones juradas de bienes nunca han reflejado la realidad económica por la que atraviesan. Y los primeros que lo saben son ellos mismos. La ley también lo sabe, por eso es que para determinar la verdad verdadera de los hechos, se tienen en cuenta “…los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes…”.
Tanto así es, que la principal ley tributaria de la Argentina dice que a los fines de determinar cuánto tiene que aportar en impuestos un contribuyente “…se considerará la situación económica real…” dejando de lado aquello que hubieren declarado o las fantasías jurídicas que hayan trazado a través de fundaciones, sociedades anónimas y tantas otras alternativas que ofrece el ordenamiento legal. Dicho en otros términos, que la realidad de los hechos supere la ficción de los números, que suelen parecer más bien dibujados por un arquitecto que por un contador.
Entonces, si la realidad económica que poseen él y su hermano, supera la ficción de sus dichos y la ley contempla esa situación y establece un castigo, sólo estaría faltando aquella persona institucionalmente competente para aplicar la ley, porque los otros dos extremos ya están dados: riqueza injustificada y ley que prevé su castigo.
En consecuencia, Adolfo Rodríguez Saá podría eliminar aquellos temores a ser secuestrado por tener tanta riqueza que `inventan´ los periodistas, si un juez lo ayudara a demostrar que las sospechas son infundadas; que la ficción es más fuerte que los hechos y que no hay mansiones que sean de su propiedad; millones de hectáreas que le pertenezcan; entidades financieras propias; casas de juego; empresas constructoras; inmuebles en el extranjero; empresas prestadoras de servicios eléctricos o gasíferos; fundaciones que reciben millonarios aportes estatales; bienes públicos que jamás utilizó en provecho propio y tantas otras habladurías de pueblo chico que ponen en semejante grado de vulnerabilidad a uno de sus principales dirigentes.
La corrupción es corrupción, sea L, J, K o Saá.
El desafío de los soberbios
Nuevamente uno, de paseo en Roma y otro, vaya a saber en qué paradisíaca playa cercana a algún paraíso fiscal, pero ambos `preocupados´ por la felicidad del pueblo puntano y por la grandeza de la provincia. De eso no caben dudas y quien dudara, al menos, tendría que ser sancionado por infame traidor a San Luis.
El `agotamiento´ de la campaña fue grande luego de la bomba electoral que explotó en las PASO. No fue fácil acarrear heladeras, cocinas, hornos pizzeros y chapas de cinc y ponerse al hombro cuánto colchón necesitaran los desposeídos que ellos desposeyeron.
El trajinar por las plazas de los pueblos repartiendo ilusiones, que no cumplieron, les produjo tal agotamiento que sería de malas personas no reconocer que después de 34 años ininterrumpidos como empleados públicos, necesitan del mismo esparcimiento, descanso y reparación que demandan más de diez mil comprovincianos que perdieron sus trabajos por la falta de políticas públicas que promocionen la producción en San Luis.
Pero ese es un tema menor: primero la salud. Lo demás viene solo. Solo… si pronto se fueran del poder.