Por diversos hechos de violencia atribuidos a grupos narcotraficantes, hay voces que piden suspender las elecciones locales. Es uno de los distritos más violentos del país, donde vivían los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre. El político Ulises Quiroz, de 34 años, se postulaba a alcalde de Chilapa y fue asesinado cuando iba con su comitiva.
Ulises Quiroz, candidato a alcalde en la localidad de Chilapa, estado de Guerrero, fue asesinado cuando se trasladaba a un acto de su campaña electoral. El crimen ocurrió en el estado en el que desaparecieron los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa en septiembre del año pasado, y despertó un vasto movimiento para que se suspendan los comicios del próximo 7 de junio.
Según consignó Tiempo Argentino, Quiroz tenía 34 años y pertenecía al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según informó la policía, hombres armados salieron al paso de su comitiva, que se trasladaba a bordo de una caravana de autos, y obligaron a los pasajeros a bajarse. Luego fueron directamente hasta donde se encontraba el candidato, lo golpearon y le dispararon 15 balazos.
El asesinato ocurrió en la comunidad de Atzacoalaya, perteneciente al municipio de Chilapa, donde en los últimos meses hubo diversas situaciones de violencia a cargo de bandas de narcotraficantes. La delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Guerrero informó que ya comenzó a investigar el caso.
En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, exigió una «investigación eficaz» del crimen, que ocurrió a poco más de un mes de los comicios locales del domingo 7 de junio, para renovar gobierno, legisladores locales y alcaldías en Guerrero. «No es el primer aspirante que muere en la actual contienda», dijo Camacho Quiroz, quien recordó que los últimos crímenes provocaron que distintas organizaciones pidan la suspensión de las elecciones. El dirigente hacía referencia a lo ocurrido en marzo, cuando la precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Ahuacotzingo, Aidé Nava, fue secuestrada por hombres armados y después asesinada.
Ubicado en el sur de México, Guerrero es considerado uno de los estados más violentos del país por la actividad de grupos de la delincuencia organizada. Allí fueron secuestrados los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de quienes se desconoce su paradero desde el 26 de septiembre del año pasado, lo que provocó una crisis sin precedentes para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, cuestionado por organizaciones sociales, dirigencia política y organismos internacionales de Derechos Humanos. En sus dos años y medio de mandato, tiene en sus espaldas una escalofriante cifra de 8.334 desaparecidos, según información oficial del Registro Nacional de Personas Extraviadas.
Pero está claro que la crisis de violencia no es exclusiva de Guerrero. Desde el viernes, el estado de Jalisco es otro hervidero en el que se despertó una ola de crímenes provocada por el principal grupo criminal del país, el cártel Jalisco Nueva Generación, y que dejó un saldo de siete muertos y 25 heridos.
Luego que el gobierno federal, con apoyo de cuerpos locales de seguridad, lanzara la Operación Jalisco para desmantelar la organización criminal -principal productora de drogas sintéticas para exportar a Estados Unidos-, la reacción de la banda fue de furia y violencia. Un helicóptero militar Cougar que realizaba una misión de reconocimiento fue atacado por los criminales con fusiles, lo que provocó su caída y la muerte de tres efectivos federales, 12 heridos y tres más desaparecidos.
Hasta el fin de semana, Jalisco continuaba en Código Rojo de seguridad, equivalente a la máxima alerta, decretado por el gobernador Aristóteles Sandoval. Alejandro Rubido, comisionado nacional de Seguridad, afirmó que se usará «toda la capacidad del Estado» hasta capturar a Nemesio Oceguera, «El Mencho», jefe de la organización, y reveló que la violencia afectó a 25 municipios de Jalisco donde hubo al menos 39 cortes de rutas. A pesar del «blindaje» que se adoptó en las fronteras de Jalisco, la violencia se extendió a los estados vecinos de Michoacán, Colima y Guanajuato.
Signado por la violencia y el narcotráfico
El estado de Guerrero fue escenario del caso de violencia más estremecedor de los últimos años en México: la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Los jóvenes fueron secuestrados el pasado 26 de septiembre por la policía de Iguala y entregados al grupo narco Guerreros Unidos. Desde entonces, se desconoce su paradero.
El caso generó gran conmoción en la sociedad mexicana. Más aún porque dejó en evidencia los estrechos vínculos entre la política, las fuerzas de seguridad y el crimen organizado: el cerebro de toda la macabra operación fue el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien planificó la entrega de los jóvenes por parte de la policía a los narcotraficantes. En la masacre, además de los 43 desaparecidos, también hubo seis estudiantes muertos. A uno de ellos le arrancaron la piel de la cara y le sacaron los ojos.
Los amigos y familiares de las víctimas crearon un amplio movimiento para pedir por el esclarecimiento del caso. Ya estuvieron en Nueva York y Bruselas, para reclamar una investigación independiente y diferenciada del gobierno de Enrique Peña Nieto. Semanas atrás, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió que las autoridades mexicanas los protejan ante las sucesivas amenazas que reciben de bandas criminales.