Alberto Torres es concejal de Juntos por el Cambio de Lanús y terminó implicado en una gigantesca red que se dedicaba a robarle petróleo a YPF que luego lo movilizaba en camiones cisternas, lo trataba en una refinería clandestina de Valentín Alsina y lo revendía. Por esta maniobra, hay más de 20 detenidos que empezarán a ser indagados este jueves por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona, que estuvo a cargo de la investigación sobre la banda criminal que movió millones de dólares al menos en el último año.

Torres es un hombre conocido en la política de Lanús. El domicilio del concejal, en la zona de Valentín Alsina, fue allanado el martes por la Policía Federal Argentina (PFA), a pedido de la fiscal Incardona. Si bien fue demorado, no quedó detenido por ser mayor de 70 años y será indagado en las próximas horas por su posible vinculación con la empresa criminal.

Para la fiscalía federal de Lomas, Torres era quien le daba cobertura a una refinería que funcionaba casi en el limite entre Valentín Alsina, partido de Lanús, y Nueva Pompeya, y estaba ubicada a la vera del Riachuelo. En esa refinería, un colaborador de Torres, que había militado con él, trataba el petróleo que otros integrantes de la banda robaban del oleoducto de YPF que va desde Neuquén hasta La Plata, pasando por Bahía Blanca.

Gerardo Rodríguez, el excolaborador de Torres, ocupa un rol clave en la estructura criminal. Estaba a cargo de la refinería ubicada en las calles Remedios de Escalada y Carlos Pellegrini. Allí se destilaba el petróleo y se lo mezclaba con otros combustibles para abaratar sus costos y acrecentar los porcentajes para su comercialización. Rodríguez también se ocupaba de deshacerse de los desechos, vertiéndolos al Riachuelo y cometiendo delitos contra el medio ambiente.

Toda esa actividad se realizaría con absoluta tranquilidad gracias a los oficios que brindaría Torres para que la Municipalidad de Lanús no ordene controles en el establecimiento clandestino. Esa es la hipótesis con la que trabajan Augé e Incardona.

Torres usó sus redes sociales para desmentir que haya sido detenido y dijo que el resultado del allanamiento fue negativo, dado que no se encontraron en su casa elementos que lo vinculen con la banda. Página/12 se comunicó con voceros del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quienes dieron por válida la versión del concejal lanusense. “Se verá cuando avance la investigación”, explicaron y dijeron que desconocían la versión sobre la posible influencia de Torres para que el Municipio hiciera la vista gorda.

Torres también sostiene que había dejado de militar con Rodríguez en 2015, por lo que había perdido trato y que únicamente lo vinculaban espacios políticos. Sin embargo, en la causa habría pruebas de que el trato entre ambos era frecuente y de confianza. Rodríguez tenía, además, vínculo con otra persona, Héctor Pizarro, quien sería el que le aportaba información sobre las fuerzas de seguridad y le habría advertido que estaba siendo investigado. Hasta ahora no aparecen otros vínculos con uniformados. En el pasado, el robo de petróleo solía ser una debilidad que tenían militares carapintadas. 

La investigación

Si bien la trama tiene una base central en el partido de Lanús, la estructura criminal tendría más de 20 integrantes y se extendería al menos a cuatro provincias. Cálculos iniciales dicen que la banda habría llegado a mover cinco millones de dólares anuales. Sin embargo, recién ahora, después de 39 allanamientos, podrán empezar a analizarse cuáles fueron las pérdidas para YPF y cuáles los réditos para la banda. De hecho, en los operativos del martes participó personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para identificar documentos que puedan servir para investigar una posible evasión tributaria.

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De los 39 allanamientos, 23 fueron en el área metropolitana de Buenos Aires. Hubo ocho operativos en Olavarría, uno en Azul, tres en Rosario, tres en Neuquén y uno en Río Negro, lo que demuestra cuán ramificada estaba la red. Uno de los detenidos es empleado de YPF en la Patagonia. Quienes estaban al frente de la estructura eran personas con conocimiento del mercado de combustibles, que alternaban entre actividades lícitas e ilícitas.

Para los investigadores, dentro de la banda había una clara diferenciación de roles entre quienes manejaban la organización final, quienes aportaban la logística, reclutaban al personal y quienes proveían el financiamiento para que la actividad ilícita pudiera realizarse. Según pudo saber Página/12, en los allanamientos se secuestraron más de 17 millones de pesos. Cerca de diez millones se encontraban en poder de una persona sindicada como el financista de la banda, explicaron fuentes del caso. Se secuestraron además armas, siete camiones y seis cisternas, que son piezas claves para el transporte del petróleo.

La causa se inició en octubre del año pasado por una denuncia sobre Rodríguez y la refinería de Valentín Alsina. Hasta ahora, la fiscalía da por acreditado que la banda participó en la extracción de crudo en la zona de Coronel Dorrego, Bahía Blanca, donde se produjo un incendio y un hombre que participaba de la maniobra murió. Ese hecho fue un detonante para la banda que ahora deberá dar explicaciones ante la justicia. En ese entonces, hubo comunicaciones frenéticas, cambios de teléfonos y conversaciones que habrían dejado al descubierto la mecánica con la que operaba la estructura.