El canje de deuda pública por acción climática es un reclamo de países periféricos como Argentina y Colombia en la cumbre global del clima COP26. Se trata de proteger servicios ecosistémicos que brindan los países con alto grado de biodiversidad en favor de la mitigación del cambio climático y al mismo tiempo aliviar para esa economía la carga de la deuda pública, lo cual también libera recursos para aplicar en mejorar la resiliencia climática. 

Por ahora, la iniciativa podría prosperar hacia acciones muy puntuales, más que en políticas que modifiquen el curso tanto de la degradación ambiental como del sobreendeudamiento. Sin embargo, el tema ya juega en las grandes ligas y por eso merece prestarle atención. De hecho, el FMI y el Banco Mundial coquetean con incorporar estos criterios a sus programas de financiamiento, aunque por ahora sin grandes avances.

A continuación, las claves de la propuesta de canje de deuda por servicios ecosistémicos, que también plantea varios desafíos, como por ejemplo, ¿quién define qué activos se conservan y cuáles no y cómo se corrobora el cumplimiento de la promesa ambiental?, ¿qué implica poner un precio a un servicio ecosistémico?; si alguien «paga más» el servicio, ¿esa protección puede caer? 

¿Por qué?

Los países periféricos que sufren problemas de endeudamiento están obligados a redirigir recursos en favor de la deuda y en contra de obligaciones internas, entre las cuales aparece la conservación de ecosistemas. Pero además, la sed de divisas de economías como la argentina es una mala consejera ambiental, en tanto incentiva a los gobiernos a profundizar los modelos de sobreexplotación de los recursos naturales, como la agricultura extensiva, la ganadería, la explotación hidrocarburífera, la actividad minera y la pesca. Un canje de deuda suaviza los pasivos financieros y como contraparte genera obligaciones ambientales.

¿Cómo funciona?

Hay una serie de propuestas vinculadas a la operatividad del canje de deuda verde. Por ejemplo, el Global Development Policy Center de la Universidad de Boston propone que los países diseñen una política alineada con los objetivos de desarrollo sostenible 2030 y el Acuerdo de París, la cual tiene que ser aprobada y evaluada por una comisión de expertos en temas ambientales. Luego, el país puede obtener reducción de deuda por parte de organismos internacionales o bien puede emitir bonos verdes que se canjeen por bonos viejos de mayor valor nominal, con lo cual se reduce la carga de la deuda. También hay canjes trilaterales, en donde opera una ONG como actor intermediario entre el deudor y el acreedor.

¿Qué se protege?

En el caso argentino, los objetivos más grandes apuntan al freno a la deforestación del Parque Chaqueño o el control sobre los humedales del Litoral. Pero hilando más fino, cada región cuenta con servicios ambientales relevantes para la regulación hídrica y para el mantenimiento de la biodiversidad. Por ejemplo, en la jornada inaugural de la conferencia sobre el clima, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció una nueva área marina protegida de 60 mil kilómetros cuadrados alrededor de las Islas Galápagos mediante la cual pondrá límites a la pesca industrial que se financiará mediante un canje de deuda por naturaleza. 

¿Qué precio?

La lógica es que los ecosistemas sean susceptibles de ver valorados en términos económicos. Si el carbono que se emite tiene un precio en términos de penalidad, también podría valorizarse la captación de carbono que realiza un bosque. Pero sería imposible que un cálculo de esa naturaleza contemple el amplio abanico de «servicios» que aquel bosque brinda en términos de biodiversidad y de apoyo a otros ecosistemas vecinos, por ejemplo.

¿Es nuevo?

Los programas de reducción de deuda por conservación de la naturaleza existen desde hace décadas y contaron con la participación de países de América Latina. Bolivia, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Costa Rica, Honduras, Belize y Nicaragua han realizado, mayormente en los ’80, este tipo de operaciones. Se calcula que a nivel global la deuda renegociada bajo estos acuerdos fue de un total de 2600 millones de dólares entre 1985 y 2015. Asimismo, recibieron cuestionamientos por falta de transparencia.

¿Por casa cómo andamos?

Un tema central en la ecuación ambiental nacional es el uso de la tierra. Argentina es el sexto país del mundo en términos de tierra cultivada, con 39 millones de hectáreas, principalmente ubicadas en la fértil llanura Chaco-Pampeana. Según datos oficiales, Argentina está entre los diez países con mayor pérdida neta de bosques en el período 2000-2015. La pérdida de bosques nativos entre 1998 y 2018 fue de alrededor de 6,5 millones de hectáreas. La región más afectada es el Parque Chaqueño, el segundo foco de deforestación de la región después del Amazonas.