El gobernador Claudio Poggi firmó este martes el decreto N° 1299-M-2025, mediante el cual aceptó la renuncia del procurador General de San Luis, Luis Martínez, quien había sido objeto de fuertes críticas desde su designación. Martínez, un conocido aliado político del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, dejó el cargo en medio de un clima de descontento generalizado, tanto por su desempeño como por su vinculación con la vieja guardia del peronismo puntano.
La salida de Martínez no sorprende a quienes seguían de cerca su gestión. Desde el inicio, su nombramiento fue cuestionado por no cumplir con los requisitos esenciales para ocupar un puesto de tal envergadura en el Ministerio Público Fiscal. Además, su condición de «soldado» político de Rodríguez Saá generó dudas sobre su independencia y capacidad para liderar una reforma judicial que la provincia necesita con urgencia.
Durante su mandato, Martínez estuvo en el ojo de la tormenta por varias decisiones polémicas. Entre ellas, destacan sus dictámenes en casos de corrupción que involucraban a exfuncionarios del gobierno de Rodríguez Saá, donde su accionar fue percibido como tibio y poco transparente. Además, su manejo de casos de inseguridad y su decisión de mantener en el cargo a un fiscal denunciado por violencia de género generaron un escándalo público que terminó por socavar su credibilidad.
En sus últimas apariciones, Martínez se mostró visiblemente nervioso y reaccionó de manera desproporcionada ante los periodistas, llegando incluso a lanzar insultos cuando fue interrogado sobre sus polémicas decisiones. Este comportamiento no hizo más que confirmar las sospechas de que su gestión estaba más enfocada en proteger intereses políticos que en garantizar justicia para los ciudadanos.
Con la renuncia de Martínez, el gobernador Poggi anunció que se tomará hasta marzo para proponer un nuevo procurador. Esta decisión, según fuentes cercanas al gobierno, busca asegurar que la elección del sucesor sea cuidadosa y transparente, ya que será esta persona la encargada de liderar la tan esperada reforma judicial en la provincia. Se espera que el nuevo procurador no solo tenga un perfil técnico y profesional impecable, sino también la independencia necesaria para desvincularse de los intereses políticos que han dominado la Justicia puntana durante años.
La salida de Martínez representa una oportunidad para que San Luis dé un giro en su sistema judicial, pero también plantea un desafío: demostrar que la designación de su reemplazo no será una repetición de los errores del pasado. La ciudadanía, cansada de la impunidad y la falta de transparencia, espera que este cambio marque el inicio de una nueva era en la que la Justicia esté al servicio de la gente y no de los poderosos.
Mientras tanto, el gobierno de Poggi tiene la responsabilidad de asegurar que el próximo procurador sea una figura capaz de restaurar la confianza en las instituciones y llevar adelante las reformas que San Luis necesita con urgencia. El tiempo dirá si esta renuncia es el primer paso hacia una Justicia más justa o simplemente otro capítulo en la larga historia de la política tradicional.
