Por:

Johana Gómez.

Referente provincial de la agrupación de mujeres Pan y Rosas / Frente de Izquierda – Unidad.

Se cumple un nuevo aniversario del primer “Ni Una Menos” (03 de junio de 2015), una fecha que está grabada en la memoria colectiva y que nos sigue encontrando con el grito de “vivas nos queremos”, esta vez, en medio de la crisis económica, sanitaria y social que se abrió a partir del COVID-19, que afecta a la clase trabajadora en todo el mundo, y con la cual se pretende avanzar en la pauperización de la vida de amplios sectores de masas. En nuestro país y en el mundo vemos que las mujeres estamos en la primera línea para enfrentar las consecuencias de la pandemia. Las esenciales muchas veces tienen rostro de mujer: las trabajadoras de la salud, de limpieza y las docentes.

La precarización laboral también está feminizada, tanto que la tasa de precariedad en las mujeres jóvenes llega al 73 % de las que tienen trabajo. En los barrios populares, las condiciones de vida y la desidia estatal exponen la vida de todos sus habitantes, y son las mujeres las que están al frente de las ollas populares y de denunciar las condiciones de hacinamiento y la militarización de aquéllos. Este 3J decimos: “Ramona Medina, presente. El Estado y los gobiernos son responsables”.

Por primera vez en cinco años, se realizarán a nivel nacional dos convocatorias diferenciadas. Por un lado, las agrupaciones que son parte o fueron integradas al Gobierno de Alberto Fernández y los Gobiernos provinciales, a través de los ministerios y las secretarías. Aunque bajo el macrismo confluyeron en movilizaciones unitarias, esta vez, como parte del oficialismo, se negaron a participar de una convocatoria común.

Por otro lado, las agrupaciones de mujeres y de la diversidad, que no depositamos nuestra confianza en el Estado para conquistar nuestros derechos y que peleamos por un movimiento de mujeres que se mantenga independiente de los gobiernos de turno y de los partidos clericales y empresariales, responsables de la crisis que vivimos hoy, en medio del coronavirus.

A esta altura ya están más que claras las prioridades, tanto del Gobierno nacional como de la oposición mayoritaria, porque aunque expresan matices sobre si mantener o no la cuarentena y hasta qué punto abrir la economía, ambos sectores se ponen de acuerdo en que hay que seguir pagando una deuda ilegal, ilegitima y fraudulenta a los acreedores y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Mientras se destinan millones y millones de dólares para el pago de la deuda externa, el presupuesto destinado para las mujeres y las personas LGBTTTIQA+ en situación de violencia de género sigue siendo de $11,50 por persona. Si vamos al caso, en San Luis la violencia policial y machista no solamente que vienen en aumento, sino que se llevó la vida de Florencia Morales y de tantas otras mujeres, a lo que se suma la indignante decisión de la casta política gobernante de premiar a Ariel Rosendo (Senador Provincial del PJ denunciado y acusado de violencia de género y de abuso sexual) con una licencia (con) goce de haberes, en vez de renunciar a su banca o de separarlo de su cargo o, al menos, de sacarle los fueros.

A seis meses de gestión, el Gobierno de Alberto Fernández sigue financiando a la jerarquía clerical, impulsora del lobby que hace casi ya dos años garantiza, gracias a su alianza con esos mismos gobernadores y partidos, que el aborto siga siendo clandestino. El Señor Presidente, que asumió hablando del aborto legal, sigue haciendo declaraciones en los medios, pero nosotras somos las que perdemos la vida.

Por eso, seguimos en las calles y volvemos a exigir educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y por eso mismo también seguimos exigiendo la inmediata aprobación del proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y la separación de las iglesias y el Estado.

Todas unidas y todos juntos contra la crisis.

Las jóvenes, las mujeres y las disidencias tenemos que organizarnos desde abajo para pelear por una salida a la crisis actual. Una salida en la que las peores consecuencias de la catástrofe social y económica no caigan sobre nosotras y las familias trabajadoras. Para eso necesitamos unirnos y fortalecer esta pelea con los sectores que se están levantando y están luchando.

El enorme ejemplo de las trabajadoras de la salud, que están en la primera línea de enfrentamiento al COVID-19, y también de las denuncias, defendiendo la salud de toda la población, tiene que ser para nosotras una bandera. Igual que el ejemplo de cada trabajadora y de cada trabajador que hoy se encuentra defendiendo su salario, su puesto de trabajo, sus condiciones de laburo, su salud y la salud de su familia.

En esa perspectiva, quienes estuvimos presentes durante todos estos años en ese enorme movimiento que hizo temblar la tierra, tenemos el desafío de orientar las fuerzas y las energías de las miles de pibas y mujeres que nos seguimos movilizando, para organizarnos junto a la juventud precarizada y al conjunto de la clase que trabaja y dar una respuesta contundente ante la crisis que, como siempre, quieren descargar sobre nuestras espaldas.

A cinco años del primer #NiUnaMenos, los reclamos de las mujeres siguen vigentes. En medio de la pandemia, las mujeres y la diversidad tenemos que seguir en la primera línea para enfrentar la crisis en el mundo, en nuestro país y en San Luis.