Esta semana se presentó una denuncia contra el expresidente Mauricio Macri y los ocho integrantes de su equipo jurídico. Desde el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, al ministro Germán Garavano y el asesor Fabián «Pepín» Rodríguez Simón. Qué rol cumplió cada uno.
La Justicia estuvo asfixiada durante los cuatro años que gobernó Mauricio Macri. Hubo presiones y operaciones mediáticas contra distintos magistrados. Aquellos que no se alinearon con los intereses de la Casa Rosada sufrieron denuncias penales y en el Consejo de la Magistratura. El objetivo central fue claro: despejar cualquier obstáculo que se interpusiera a la expansión del Lawfare. El diseño de esta estrategia estuvo a cargo de la Mesa Judicial macrista, recientemente denunciada en los tribunales de Comodoro Py.
¿Quiénes integraron ese selecto grupo que pergeñó la persecución política en clave jurídica? A continuación, los nombres y algunas de las operaciones que se les adjudican:
Gustavo Arribas
Amigo íntimo del expresidente y titular de la AFI macrista. Macri lo ubicó allí porque, explicó, tenía toda su confianza y algo más: “De todos mis amigos, ¿cuál era el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas? Justo uno que se había hecho de una buena posición económica en el fútbol”, dijo en una entrevista. Fue así que Arribas dejó de lado su rol como representante de jugadores y aterrizó en la exSIDE. No pasó mucho tiempo al frente de la agencia cuando lo salpicó el primer escándalo: en el marco de una investigación en torno al Lava Jato criollo se lo acusó de recibir un depósito de dinero, supuestamente irregular, en una cuenta en Suiza. La Justicia lo sobreseyó. Por este hecho, el entonces señor 5 denunció a los dos fiscales que “osaron” investigarlo: Federico Delgado y Sergio Rodríguez, de la PIA. Ambos fiscales siguen con una causa abierta hasta el día de hoy.
Los servicios de inteligencia cumplieron un papel central en la persecución que impulsó el macrismo. El D’Alessiogate, por ejemplo, expuso el rol que tuvieron algunos agentes orgánicos de la Agencia Federal de Inteligencia al mando de Arribas en todo este proceso.
En la investigación que se abrió en la justicia federal de Dolores surgieron los nombres de Ricardo Bogoliuk y Pablo Pinamonti, ambos espías de la AFI durante el macrismo. El primero integró la banda del inorgánico Marcelo D’Alessio una vez que abandonó la exSIDE. Tal como surge de la pesquisa, Bogoliuk nunca perdió sus contactos con “La Casa”. La organización criminal dedicada al espionaje ilegal armó causas judiciales y extorsionó empresarios. Por ejemplo, intervino en el expediente de Gas Natural Licuado (GNL), que impulsaron el juez Claudio Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli.
Otro espía de la AFI macrista que quedó expuesto en operaciones judiciales y mediáticas fue el fiscal Eduardo Miragaya. Su nombre quedó vinculado a la operación contra el juez federal Sebastián Casanello, de quien se dijo que estuvo en la Quinta de Olivos reunido con la entonces presidenta Cristina Fernández, algo que era absolutamente falso. No obstante, sirvió para presionar a Casanello. Y atacar mediáticamente a CFK. Con el macrismo caído en desgracia, la operación quedó al descubierto y hasta se abrió un expediente en el que, por ahora, Miragaya se benefició con una falta de mérito. Otro episodio donde volvió a aparecer este fiscal fue en el marco del D’Alessiogate. Su nombre se relacionó con la “Operación Jaitt”. Miragaya renunció con la llegada de Alberto Fernández al Gobierno.
Un caso de amplio impacto mediático que también refleja el grado de injerencia de la AFI en las causas judiciales es el caso Moyano. El juez Luis Carzoglio denunció que dos espías los “apretaron” en nombre del entonces presidente Mauricio Macri para detener a Pablo Moyano. Se trata de Juan Sebastián De Stéfano, quien era director de Asuntos Jurídicos, y Fernando Di Pascuale, entonces director Operacional de Análisis.
Daniel Angelici
El abogado y expresidente de Boca fue denunciado por la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, de ser uno de los operadores judiciales de Macri. Radical y amigo de Macri, es el padrino político del exconsejero de la magistratura y actual Fiscal General, Juan Bautista Mahiques.
A través del club de la Ribera tejió relaciones con varios fiscales y jueces federales. Fiscales como Raúl Plee o Carlos Stornelli así como el juez Ariel Lijo son hombres de la Justicia que nunca escondieron su relación con Boca Juniors. Angelici siempre negó ser operador judicial pero reconoció tener muchos amigos en tribunales. “Tengo muchos jueces y fiscales que vienen a la cancha y pasan a saludarme como pasan gobernadores, senadores, diputados, porque eso es Boca”, se sinceró en una entrevista.
Otro órgano donde pisó fuerte fue la AFI. Uno de los hombres más poderosos de la agencia fue Juan Sebastián De Stéfano, el N°3 de “La Casa”, durante el macrismo. “El Enano” De Stéfano fue uno de los agentes que visitó a Carzoglio.
Con el cambio de Gobierno, De Stéfano dejó la exSIDE y no escondió su relación con Angelici. Se presentó como candidato a presidente de la Comuna 2 (Recoleta) en las internas de la UCR porteña, donde lo respalda el Tano, en su disputa con Enrique “Coti” Nosiglia por la conducción del centenario partido en la Ciudad de Buenos Aires. Las elecciones se postergaron para octubre por la pandemia del coronavirus.
Germán Garavano
El ministro Garavano, otro de los miembros de la Mesa Judicial macrista, llegó al ministerio de Justicia luego de un paso por la ciudad. Tuvo el cargo que ahora tiene Mahiques, fiscal general porteño.
Apenas asumió como ministro cerró el portal Infojus, un medio sobre temas judiciales que, entre otras cosas, era el único que seguía el día a día de los juicios por delitos de lesa humanidad y por el encubrimiento del atentado a la AMIA. El tiempo explicó la decisión: Garavano no solo recortó las áreas del Poder Ejecutivo que aportaban información a los juicios a genocidas sino que cambió la postura histórica del Estado en el caso del encubrimiento del atentado a la AMIA para proteger a sus amigos los fiscales Eamos Mullen y Juan José Barbaccia.
Hay algo que Garavano oculta en su página web, donde ahora se presenta como consultor, y es su paso por FORES, el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, una institución de lobby creada en plena dictadura para su soporte cívico-legal. Fue FORES quien le encargó el proyecto de Justicia 2020 que luego fue la hoja de ruta de su gestión en el ministerio de Justicia. El coordinador de ese programa fue Ricardo Gil Lavedra, cuya pátina de compromiso con el derecho por su rol en el juicio a las Juntas terminó de desdibujarse no solo como miembro del Colegio de Abogados donde se juntan los defensores de genocidas sino por haber cobrado a dedo de la AFIP más de 4 millones de pesos para coordinar la persecución judicial contra Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Entre las mayores tropelías de la gestión Garavano está el uso del programa de Protección de Testigos que, como reveló El Destape, fue una de las herramientas para digitar testimonios en causas contra opositores políticos. El caso del hotel boutique que el macrismo le puso a Alejandro Paul Vandenbroele para acomodar su guión en contra de Amado Boudou es más que elocuente.
Garavano fue parte también de las operaciones para lograr el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación. No solo con sus intervenciones públicas, sino en coordinación con el Colegio de Abogados de empresarios y genocidas y su sello de goma Será Justicia, con quienes digitó la estrategia de presión judicial para lograr la renuncia de Gils Carbó.
Juan Bautista Mahiques
Estos días el nombre de Juan Bautista Mahiques se hizo más conocido. Sin embargo, para los que conocen (y sobretodo para los que sufrieron) lo que el presidente Alberto Fernández llamó los sótanos de la democracia no es un nombre y menos aún un apellido ajeno. Es una de las claves para entender la persecución judicial y la promiscuidad en la que se sumió buena parte del Poder Judicial en los últimos años. Fue uno de los principales operadores judiciales de Mauricio Macri, con terminal en Daniel “Tano” Angelici, encargado de las visitas a los jueces y de aceitar los engranajes entre Comodoro Py y los deseos de las Casas Rosada y Amarilla. Hoy es Fiscal General porteño, reclutado por Horacio Rodríguez Larreta.
En lo formal, Mahiques fue Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica. O sea, además de los vínculos con los tribunales estuvo a cargo de las cárceles donde terminaron los opositores políticos al macrismo. También tenía mucha influencia sobre la oficina de escuchas telefónicas en tiempos donde las conversaciones de opositores terminaban en los estudios de televisión.
Era además el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, desde donde comandó el copamiento de jueces alineados al macrismo y el hostigamiento y desplazamiento de aquellos que no se sometieran a las directivas cambiemitas. Los casos abundan, pero basta recordar el del camarista federal Eduardo Freiler, a quien desplazaron con una denuncia hoy desestimada por enriquecimiento y una maniobra para obtener votos en el Consejo de la Magistratura que incluyó la expulsión de uno de sus miembros y la demora en la asunción de su reemplazante gracias a los oficios del entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti; y el de Alejo Ramos Padilla, a quien le pidieron un juicio político por entrometerse en la red de espionaje ilegal en torno a Marcelo D’Alessio que tocaba de cerca a figuras del Gobierno de Macri.
Fabián “Pepin” Rodríguez Simón
Abogado de grandes empresas, el letrado Fabián Rodríguez Simón fue una figura clave en el esquema político-judicial de Mauricio Macri, a quien incluso asesoró en el escándalo de los Panama Papers. La confianza del expresidente en él se remonta a su paso por la jefatura de Gobierno porteña, donde también lo acompañó. Hoy es diputado por el Parlasur y fue director en YPF. Llegó al macrismo de la mano de José Torello, con quien fue socio en el estudio Llerena.
Rodríguez tiene fuertes vínculos con el Grupo Clarín y era uno de los encargados del lobby tanto en la Corte Suprema de Justicia, por su vínculo con Carlos Rosenkrantz, como en la Cámara Federal porteña.
No fue casual, por ejemplo, la presencia del presidente de la Corte Suprema en el casamiento de la hija de Rodríguez Simón. Sin ir más lejos, fue el propio Pepín quien influyó para su llegada al Máximo Tribunal.
Pepín también trabajó la relación con Martín Irurzun, presidente de la Cámara Federal porteña (el cargo más importante de Comodoro Py) y titular de la dirección de escuchas que Macri pasó de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema. Irurzun, entre otras cosas, es el creador de la “doctrina del poder resiual” por la cual se encarcelaron a diferentes dirigentes kirchneristas sin condena. Ambos fueron fotografiados en el bar Biblos, de Libertad y Santa Fe, en septiembre de 2018, tal como publicó Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna.
El nombre de Pepín sonó muy fuerte en las acusaciones que realizaron los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa contra Macri por extorsiones. Según declaró bajo juramento de decir verdad, López mantuvo encuentros con Macri y con Rodríguez Simón. Ambos querían que cediera sus firmas y fuera contra CFK. De los encuentros con Pepín, el empresario dijo no recordar un nivel de “apriete tan grande”. Sin ir más lejos, fue el alfil judicial de Macri quien le envió vía un tercero el mensaje de que empezaba la guerra con el Gobierno por no haber cedido sus empresas, entre las que se incluyen empresas de medios y Oil Combustibles, por citar algunos ejemplos.
Bernardo Saravia Frías
Bernadro Saravia Frias se sumó a la mesa judicial del PRO tras el escándalo desatado por el caso Correo Argentino. Macri lo nombró Procurador del Tesoro, el jefe de los abogados del Estado, en reemplazo de quien había sido su primera opción, Carlos Balbín. ¿El motivo? Que Balbín se negó a convalidar la condonación de la multimillonaria deuda que la familia Macri aún tiene con el Estado y a cometer otro tipo de maniobras irregulares en los casos Odebrecht y La Rural. Apenas desembarcó en la Procuración del Tesoro, Saravia Frías dio la orden de “resolver” el caso Correo, y eso incluyó dilatar el trámite judicial todo lo que pudo. No era para menos. Pasó de ser abogado de la familia Macri a ser abogado de la familia Macri pero con patente de funcionario.
Además del caso Correo, Saravia Frías desarmó varias áreas de la Procuración del Tesoro, entre ellas la que se encargaba de los juicios contra la Argentina en tribunales internacionales. El resultado fue que dejó al país desprotegido frente a esos juicios por miles de millones de dólares.
José Torello
José Torello acaso sea el menos conocido pero no por eso menos influyente en la Mesa Judicial PRO. Proveniente del Cardenal Newman y del estudio Llerena, uno de los más fuertes de la city era, de hecho, el apoderado del partido de Macri a nivel nacional. Su cargo formal en el gobierno de Macri fue el de Jefe de Asesores, que no tiene responsabilidad ejecutiva pero sí una oficina en la Casa Rosada, bien cerca del Presidente.
La confianza de Macri en Torello se refleja en varias cuestiones. Por ejemplo, en el terreno que comparten en Salta. Se trata de la Finca Pluma de Pato, de la que Macri reconoció en su declaración jurada tener el 18,69%. En el libro “El otro yo”, biografía del amigo presidencial Nicolás Caputo, los periodistas Esteban Rafele y Noelia Barral Grigera revelan que “Caputo, Macri y otro ex Cardenal Newman, José Torello, son socios” en este campo y afirman que el Presidente declaró menos hectáreas de las que realmente tiene. Macri, en su declaración jurada, no especificó si el campo produce algo o no. En el libro de Rafele y Barral Grigera consta que según Caputo el campo no produce nada pero que el otro socio, Torello, sostiene que crían vacas y en su declaración jurada consigna que tiene el 45% de ese campo, que está destinado a la explotación y que ingresó a su patrimonio el 29 de enero de 2016, ya siendo jefe de gabinete de asesores de Macri.
Otra de las claves de Torello son los negocios inmobiliarios. Durante la getión Macri y en coordinación con Rodriguez Larreta se remataron muchos terrenos públicos para la construcción de torres de lujo. Entre los mayores beneficiarios estuvo el especulador Eduardo Constantini en cuya empresa, Consultatio, fue designado Torello como director por el Estado. Constantini fue aportante a las campañas de Macri. El apoderado del partido, Torello.
Pablo Clusellas
Pablo Clusellas fue el secretario Legal y Técnico de Macri, o sea, el que le cuidaba la firma. Se trata de otro histórico de las empresas Macri, de esos alfiles que primero Franco y luego Mauricio distribuían en los directorios de sus firmas.
Ex alumno del Cardenal Newman, Clusellas acompañó a Macri en su empresas y durante su gestión en la ciudad. Pero también mantuvo su actividad en el estudio Romero-Zapiola-Clusellas-Monpelat, y la investigación en torno a los Panamá Papers reveló que era uno de los intermediarios ante el estudio panameño Mossack-Fonseca para la creación de sociedades en guaridas fiscales. No figuraba en las del propio Macri, pero era el mismo dispositivo.
Al igual que Mahiques, encontró cobijo en las filas de Rodríguez Larreta. En su caso, en la auditoría porteña.
