La renuncia de Luis «Lucho» Martínez como Procurador General de la Provincia de San Luis ha generado un terremoto político y judicial. Si bien el Gobierno de Claudio Poggi aceptó rápidamente su dimisión, nuevos elementos indican que la decisión de Martínez estuvo impulsada no solo por la presión política, sino también por una grave denuncia presentada en su contra ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El abogado Bernardo Estrada formalizó una denuncia contra Martínez en el expediente JUR N°73/25, señalando su presunta responsabilidad en la denuncia por violencia de género al fiscal Fernando Salas, en la que como responsable del Ministerio Publico Fiscal “no adoptó ninguna medida, no dispuso el inmediato Apartamiento de sus funciones, incumplió con el Deber de Denunciar que le impone el Art. 24 de la Ley 478, que he mencionado precedentemente”, en el mismo sentido Martínez, designó a otro fiscal, Dr. A.A. Chavero, denunciado por el mismo delito. El punto más fuerte de la denuncia es el delito de Incumplimiento de Deberes del Funcionario Público, basado en que el  “Procurador tenía y tiene obligación de Denunciar a cualquier Funcionario dentro de su órbita, inmediatamente luego de tomar conocimiento de la situación y denuncia radicadas, sin embargo no lo hizo”.

Según trascendidos, la conformación del Jurado de Enjuiciamiento también es motivo de preocupación para sectores del albertismo, que miran con recelo la posibilidad de que esta instancia judicial avance contra los operadores judiciales que, durante años, garantizaron la impunidad en causas sensibles. Los miembros del tribunal, Cecilia Chada, Carolina Monteriso y José L’Huillier, se encuentran en la mira debido a su cercanía con la anterior gestión y al temor de que una investigación profunda sobre el funcionamiento del sistema judicial destape irregularidades que involucren a figuras clave del pasado gobierno.

El futuro inmediato del Ministerio Público Fiscal ahora queda en manos del gobernador Poggi, quien deberá definir a su sucesor o sucesora en un contexto donde la presión por reformas judiciales se hace cada vez más evidente. La sociedad puntana espera que este cambio sirva para oxigenar un sistema judicial que, por décadas, ha sido cuestionado por su ineficiencia y su evidente subordinación a los intereses políticos del poder de turno.