La publicación del ranking de eficacia penal del INECIP volvió a poner en el centro de la escena una realidad incómoda, pero imposible de seguir negando: San Luis es una de las provincias con peor desempeño judicial del país, con apenas 1,32% de causas penales que reciben una “respuesta de calidad”. Es decir, menos de dos de cada cien casos llegan a una instancia efectiva de resolución —sea condena, acuerdo reparatorio o probation—. El resto queda atrapado en un laberinto de demoras, burocracia, decisiones tardías y expedientes que se acumulan sin destino.
Una Justicia lenta no es Justicia
La mora judicial en San Luis no es una novedad. Durante años, abogados, víctimas, organizaciones civiles y hasta funcionarios han señalado lo mismo: los tiempos procesales son excesivos, la feria judicial es prolongada y las estructuras son rígidas, incapaces de absorber la magnitud de las causas ingresadas cada año. El diagnóstico es crudo: si el sistema no responde, la ley se vuelve un adorno y la ciudadanía pierde confianza en el Estado.
El informe del INECIP simplemente pone números a lo que ya se percibía en los pasillos tribunales y en las calles: San Luis está entre los últimos lugares del país en eficacia judicial. No hay excusas posibles cuando la realidad es tan contundente.
Una reacción política inédita: reducción de la feria judicial
En este contexto crítico, la Legislatura provincial avanzó con una medida de fuerte impacto: la aprobación de la ley de reducción de la feria judicial, una reforma que convierte a San Luis en pionera entre las provincias argentinas en abordar el problema de la mora no con discursos, sino con una modificación estructural del calendario laboral del Poder Judicial.
La iniciativa apunta a:
- Aumentar el tiempo efectivo de funcionamiento del sistema judicial.
- Evitar parálisis prolongadas del servicio de justicia.
- Agilizar la resolución de causas, especialmente aquellas que llevan años acumuladas sin avances.
- Reducir el impacto negativo de ferias que, tradicionalmente, paralizaban juzgados por semanas completas.
La reforma —de alto impacto simbólico y práctico— reconoce algo esencial: la Justicia debe estar al servicio de la gente, no al servicio de su propio calendario interno.
Un llamado final
San Luis decidió dar un primer paso importante al achicar la feria judicial. Pero el desafío es mucho más grande: pasar de ser una de las provincias con peor desempeño a convertirse en un modelo que priorice a las víctimas, acelere los procesos y garantice derechos.
No se trata de números.
No se trata de rankings.
Se trata de personas que esperan —a veces durante años— una respuesta que nunca llega.
La reducción de la feria marca el inicio de un camino.
Ahora hace falta que el Poder Judicial lo recorra.
