Era la cara de la campaña de los medios contra el Gobierno por el supuesto «plan para liberar asesinos y violadores». Es una antigua agitadora macrista en la justicia y se hizo conocida por viajar a Europa y no hacer aislamiento al volver, lo que obligó a cerrar su juzgado. Insólitamente, ella misma le otorgó en abril la prisión domiciliaria a un homicida, aún contra la oposición de la fiscal.
La jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez, consolidó su fama el viernes cuando se transformó en la cara de la ola destinada a infundir miedo, y apuntarle al Gobierno, por una supuesta suelta de violadores con la excusa de la pandemia del coronavirus. La mujer dio una cifra: habló de 176 liberados que estaban condenados por delitos contra la integridad sexual, es decir, abusadores y violadores, y que en un solo día se habían concedido igual número de excarcelaciones que en un año. También afirmó que recibieron la libertad “1076 personas con delitos contra la propiedad” y “276 con delitos contra las personas”. Dijo que eran datos de la Cámara de Casación Penal Bonaerense. Fuentes de ese tribunal, ante la consulta de Página/12, dijeron que los datos no son tales ni tienen ellos ese relevamiento. También se supo ayer que Márquez mandó a su casa a comienzos de abril a un homicida condenado a 11 años de prisión por tener factores de riesgo de contraer Covid-19. Y que la Corte Bonaerense le había cerrado antes el juzgado porque había vuelto de Italia y fue a trabajar con síntomas.
La jueza volvió insólitamente sobre sus afirmaciones cuando fue consultada más tarde por el periodista Eduardo Feinmann, que buscaba seguir aportando a la campaña sobre la liberación (imaginaria) de presos. Entonces, sin el rigor que había mostrado, dijo que lo que sabía era que en el período de aislamiento habían salido de las cárceles 2458 personas, que podía ser por muchas razones, entre ellas casos de abuso sexual. “No estoy diciendo que en un día salieron 172 abusadores ni nada, sino que en un día hay 172 personas que recuperaron la libertad bajo distintos institutos”, sostuvo. Ya era tarde para aclaraciones, porque todos los medios habían colocado títulos catástrofe sobre la “revelación” de la magistrada. Como sea, y si hablaba de la liberación lisa y llana de violadores y abusadores, el dato del Servicio Penitenciario Bonaerense es que este año recuperaron la libertad 38 condenados por esos delitos entre el 17 de marzo y el 17 de abril (período de aislamiento) y que en la misma fecha del año pasado fueron 44. En cuanto a los homicidios, de los que también habló, fueron 103 liberaciones en 2019 y 42 este año en el mismo lapso este año. Todo esto además, no tiene que ver con la emergencia por el coronavirus sino que fueron otorgadas por cumplimiento de penas.
Entre las pocas domiciliarias por Covid-19 que se dieron en casos de homicidio, una fue concedida por la propia jueza Márquez el 3 de abril último. La medida fue para Víctor Manuel Carrizo, condenado a 11 años de prisión por homicidio calificado. La pena rige desde el 21 de abril de 2103 y vence el 19 de octubre de 2024. Pero Márquez consideró que la domiciliaria con tobillera electrónica estaba justificada porque Carrizo está en tratamiento de tuberculosis y eso implica un factor de riesgo de contagio de coronavirus. No tuvo en cuenta la gravedad del delito ni la pena, ni que la fiscalía se opuso porque no estaba claro si el domicilio donde cumpliría la pena el hombre era apto para el aislamiento, lo que parecía más preocupante teniendo en cuenta que allí residen dos mayores de 60 años. En la resolución no figura que la jueza haya notificado a la víctima tampoco.
Márquez, que integra la organización Usina de Justicia cercana al macrismo, había tenido alguna visibilidad mediática cuando volvió de un viaje a Italia y comenzó con síntomas compatibles con Covid-19. Como había ido a trabajar a su juzgado, la Corte Bonaerense dispuso cerrarlo el 11 de marzo y suspender los plazos procesales de las causas que tramitan allí. Por esos días también habría ido a ver detenidos a la unidad 47 de San Isidro, según figura en los libros.
Los datos de la jueza y los verdaderos
La rancia derecha que jamás defendió los derechos de las mujeres sino que históricamente generó formas de encubrir abusadores, usó consignas feministas estos días para llamar al cacerolazo infundiendo el temor a violadores sueltos. Esa utilización, apareció también en boca de la jueza Márquez que, como se dijo anteriormente, salió a decir por radio Mitre que desde el comienzo de la cuarentena habían sido liberados 176 violadores. Además, señalaba la liberación, desde las medidas de aislamiento, de “1076 personas con delitos contra la propiedad, 276 con delitos contra las personas”. Invocaba datos de Casación bonaerense, que según ese tribunal no son tales.
Según la estadística del SPB, entre el 17 de marzo y 17 de abril del año pasado fueron liberados 44 acusados de delitos contra la integridad sexual; mientras que en el mismo período este año fueron menos, 38. Las domiciliarias vinculadas a estos delitos EN la pandemia son algo más de 30. Son muchas y seguramente cuestionables si se tienen en cuenta los riesgos para las víctimas que, según las recomendaciones, deben tener en cuenta jueces y juezas, pero no es una tendencia nueva en un sistema con sello patriarcal.
La comparación del mismo período para liberados por homicidios es notoria: 103 el año pasado y 42 este año. Los delitos por los que más domiciliarias se dieron por la Covid-19 son los de narcomenudeo y delitos contra la propiedad (robos): cerca del 69 por ciento del total, según estiman en el Ministerio de Justicia bonaerense. Entre los delitos por los que menos morigeraciones se otorgan están los homicidios. La sorpresa es que quien concedió una domiciliaria a un homicida en tratamiento por tuberculosis condenado a 11 años y 11 meses de cárcel que recién vence en octubre de 2024 fue la jueza Márquez, a pesar de la oposición de la fiscal.
