No es el primer hecho represivo que protagoniza la policía de Tucumán, pero sí uno de los que más conmocionó a la provincia y alcanzó repercusión nacional. El juez de instrucción penal Mario Velázquez dice haber tenido casos de resonancia pero ninguno como el de Luis Armando Espinoza . Este trabajador rural de 31 años fue atacado junto a su hermano por policías de la comisaría de Monteagudo, estuvo una semana desaparecido y su cuerpo sin vida fue encontrado el viernes pasado, luego de que el jefe de esa dependencia presionara a sus subordinados para arrojarlo en un barranco, en La Banderita, límite entre Tucumán y Catamarca.El lunes el gobernador Juan Manzur se refirió al caso: «Todos aquellos que hayan sido partícipes de este asesinato tienen que ser juzgados, condenados, y ojalá que esto se haga rápido y pronto. Van a ser juzgados, puestos a disposición y ojalá que la Justicia actúe con todo el peso de la ley», expresó. Organismos de derechos humanos y Amnistía Internacional repudiaron el accionar policial y exigieron “una investigación exhaustiva, imparcial e independiente” (ver aparte).

Apenas comienza el diálogo con PáginaI12, el magistrado aclara que la calificación legal de la causa sigue siendo desaparición forzoza de persona, agravada porque sus autores son policías y por la muerte de la víctima. «Es la figura más grave del Código Penal, después de la desaparición forzoza de la dictadura militar es el tipo penal más grave«, dice el juez desde Tucumán. En las últimas horas, a los diez detenidos –nueve policías y un vigía comunal– se sumó otro civil con prisión preventiva que estuvo en el lugar de los hechos. Si el complot urdido por los uniformados al mando del subcomisario Rubén Montenegro hizo que arrojaran el cuerpo del lado de Catamarca para entorpecer el esclarecimiento, la tecnología impidió que quedara allí oculto. 

«En 15 minutos el juez de Catamarca Rodolfo Cecenarro, juez de Garantías de Andalgalá, recibió el exhorto y autorizó el trabajo en el lugar donde encontraron el cadáver, en el límite entre el departamento tucumano de Chicligasta y Las Estancias, provincia de Catamarca, una zona que se conoce como Las Banderitas», explicó Velázquez. De hecho, esto sucedió cerca de las 18 del viernes, y como había empezado a nevar había que sacar el cuerpo antes de que anocheciera.

Tucumán tiene el denominado sistema acusatorio, la fiscal Mónica de Targa encabezó la investigación y el juzgado operó como control de garantía del proceso. Desde que el caso tomó estado público, la estructura del Ministerio Público Fiscal estuvo dedicada noche y día a la investigación en el entendimiento de que era urgente encontrar el cuerpo de Espinoza. «Cuando una persona desaparecida no aparece genera una angustia tremenda», expresó el magistrado.

–¿La desaparición forzada en democracia es una rémora de la dictadura?

—Estas personas portan el uniforme pero no son policías, son delincuentes. Ante la hipótesis de un exceso, hay un trasfondo por el cual no habría que generalizar. Sabemos que todas las estructuras policiales tienen en su génesis el verticalismo. Desde el advenimiento de la democracia con Alfonsín en su gobierno, y con la profundización de los gobiernos justicialistas, la defensa de los derechos humanos en su sentido más amplio debe ser el eje de una sociedad más justa y equitativa. Todavía existen resabios, aunque no me atrevería a ser tan tajante.

–Le pregunto específicamente por lo que pasó por la cabeza de quien decidió deshacerse del cuerpo para que fuera un desaparecido más en democracia.

–En definitiva es eso, esto fue absolutamente premeditado para que no se encuentre el cadáver. En ese caso, en el juicio oral y público los jueces necesitan certeza por lo tanto sin el cuerpo se hubiera hecho complejo lograr una condena. Como ciudadano estoy conmovido, esto no puede pasar, tenemos que reconsiderar un montón de cosas. La gente que porta un uniforme tiene la responsabilidad de hacer prevención, de cuidarnos frente a un flagelo en una sociedad con cada vez más desigualdades. La policía debe estar cerca de las personas, esto es una atrocidad que debe ser repudiada y rechazada desde todo ámbito y sobre todo desde la administración de justicia, merece el máximo rigor que establece el código penal. Llevo quince años como juez de garantías, y ya he tenido casos de policías involucrados en enfrentamientos pero nunca tuve un caso como éste. Acá se privó a una persona de la libertad, se la hizo desaparecer y habiéndola matado, se la tiró. Tiene todos los condimentos de la época más atroz de nuestra historia en manos del terrorismo de Estado. Es el fiel reflejo de cargar a alguien en un helicóptero y tirarlo en otro lado para desaparecerlo. Después de tantos años de democracia aparecen estas sombras, para hacernos reaccionar a todos los poderes del Estado. No merecemos vivir en una sociedad con este tipo de episodios, todos los que tenemos responsabilidad debemos ser implacables al aplicar el rigor que estableció la sociedad en el ejercicio del poder punitivo del Estado. Matar a una persona en estas condiciones no tiene explicación, es una locura.