En un gesto que mezcla simbolismo y un toque de dramatismo judicial, el juez José Luis Flores, integrante del Colegio de Jueces, pidió al Superior Tribunal de Justicia someterse al narcotest. ¿El motivo? Según sus palabras, aminorar «la pesada carga de las sospechas generalizadas» que recaen sobre quienes ejercen la magistratura. Sí, porque al parecer en San Luis ser juez ya no es suficiente; ahora hay que demostrarlo con un test antidrogas.

La solicitud de Flores surge tras la promulgación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en la Lucha contra el Narcotráfico, presentada por el gobernador Claudio Poggi. Volvamos al juez, quien asegura que este gesto no lo hará mejor persona ni mejor magistrado, pero al menos lo «tranquiliza». Porque, claro, nada dice «prestigio del Poder Judicial» como un narcotest aprobado.

En su nota, Flores se explaya sobre el desprestigio de los jueces, calificándolo como una amenaza a la constitucionalidad y la paz social. Una reflexión interesante, aunque omite mencionar cómo ese desprestigio no nació de las «sospechas mágicas» de la sociedad, sino de años de falta de transparencia, favoritismos y una desconexión abismal con las demandas ciudadanas.

El magistrado no pierde oportunidad para destacar su historial de cumplir con leyes que no comparte, como cuando se sometió a las reválidas judiciales «para criticar desde adentro». Un acto de coherencia que, al parecer, no fue suficiente para calmar las sospechas públicas. Ahora, su cruzada personal busca que el resto del Poder Judicial «acuda en masa» al narcotest, como si eso bastara para reparar el deterioro institucional acumulado.

Mientras tanto, uno no puede evitar preguntarse: ¿es esta una medida efectiva para devolver la credibilidad al sistema judicial? ¿O simplemente otro acto simbólico destinado a desviar la atención de los problemas estructurales que enfrenta el Poder Judicial en San Luis? Porque si de «coherencia y ejemplaridad» hablamos, tal vez habría que empezar por garantizar que las leyes se apliquen con independencia y sin privilegios, más allá de las pantomimas de turno.

Al final, el juez Flores parece sincero en su intención, pero quizás olvida que no basta con «amortiguar el descrédito». Si realmente quiere que el Poder Judicial recupere su lugar en la tríada republicana, debería liderar el camino hacia reformas profundas en lugar de depender de la simbología del narcotest. O, como dirían los ciudadanos cansados, menos discursos grandilocuentes y más justicia real.