Los pedidos de destitución contra los jueces de la Corte Suprema son 14 y todos serán analizados por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, incluso aunque alguno sea desistido por quienes hayan hecho la denuncia original. Entre la mayoría de las presentaciones hay varios hilos conductores y puntos de contacto, además de la acusación general por «mal desempeño». La oposición alega –con una vieja muletilla– que los motivos de destitución no pueden estar basados en el contenido de sentencias. Un pantallazo de la lista de casos muestra que no sólo están en juego fallos, sino cuestiones –por ejemplo– de administración, y que incluso en las decisiones supremas la clave son los efectos institucionales que generan.
El impacto del «2X1»
Por el fallo con que la Corte benefició al represor Luis Muiña con el «2×1» hay pedidos de destitución contra Carlos Rosenkrantz, arquitecto de esa decisión, y Horacio Rosatti, que firmó junto con él y la exjueza Elena Highton de Nolasco. Muiña, fallecido, tuvo dos condenas por secuestros, torturas, desapariciones y homicidio en el Hospital Posadas, donde funcionó un centro clandestino de detención.
El fallo era una toma de posición del alto tribunal que podía favorecer a otros genocidas. Invocaba una ley de 1994 derogada en 2001, pensada para delitos comunes. Fue una decisión que despertó la movilización ciudadana, que llevó a que el Congreso excluyera de aquel cómputo los delitos de lesa humanidad y que los supremos, un año y siete mese después, revirtieran su postura.
Ese intento atentaba, además, contra una política de Estado que había asumido la propia Corte para cumplir con los compromisos internacionales y constitucionales de dar sanción efectiva a los crímenes dictatoriales. Este punto figura en los pedidos de remoción de la diputada Vanesa Siley, el de la Asociación Argentina de Juristas y el de 14 diputados/as del Frente de Todos.
En la misma línea hay planteos –como el de Pablo Llonto– por la paralización de la Comisión Interpoderes, clave para el avance de los juicios de lesa humanidad, donde los organismos de derechos humanos dejaron de ser convocados. Y se añadió una denuncia de Patricia Isasa contra Rosatti por encubrimiento del represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo.
El Consejo de la Magistratura
El fallo que modificó la composición del Consejo de la Magistratura (al declarar inconstitucional la que llevaba 15 años vigente) está presente en al menos tres denuncias.
La senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tulio, señaló que con una sentencia se puso en vigencia una ley derogada para que el organismo tuviera 20 miembros y quedara incluido el presidente supremo Horacio Rosatti, como titular del Consejo. De ahí sostuvo que se derivan «inmoralidad», «incumplimiento de deberes», la atribución de funciones legislativas y el desconocimiento de la Constitución.
La Asociación de Juristas y los diputados/as del FDT en bloque le apuntan a Rosatti, Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti quedó afuera porque cuestionó en su voto la reposición de la ley derogada de 1997.
Uno de los efectos de lo que vino después del fallo fue la paralización del Consejo (con obstáculos de la propia Corte para que asuman consejeros/as): siguen en sus cargos jueces nombrados a dedo por el macrismo, las vacantes las cubren los que están y no se avanza con denuncias como la del viaje de jueces a Lago Escondido con invitación de Clarín.
Los clientes de Rosenkrantz
El conflicto de intereses de Rosenkrantz al firmar fallos donde eran parte sus viejos clientes fue denunciado por la Asociación de Juristas en 25 casos.
Señalan tres que involucran a Supercanal, dos a AMX (Claro), diez a YPF, uno a la Clínica Estrada, cinco a Supermercado Día, uno al Grupo América, dos a Pan American Energy y uno a Piero.
Federalismo y la sombra de los chats
Los cuatro supremos actuales tienen pedido de destitución del FDT por la medida cautelar a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con la que ordenaron pagarle 2,95% de fondos coparticipables destinados a seguridad (traspaso policial) sin explicar ese cálculo.
El reproche, sobre esta cuestión, es que se arrogaron facultades legislativas. Di Tulio sostuvo que violaron el artículo 1 de la Constitución Nacional, que consagra el federalismo. A la denuncia de los/las diputados/as, sobre el contenido de los chats revelados por varios medios que reflejan las que serían conversaciones entre el principal colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, participante directo en el litigio en cuestión, donde hacen referencias a la causa en cuestión.
El primero, por ejemplo, le avisa al funcionario porteño con el link de una noticia que la Corte había desechado apartar a Rosatti del caso pese a que el propio Robles y D’Alessandro habían llegado juntos al cumpleaños del jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Mahiques. Luego aluden al fallo supremo, que iba a salir. Mahiques y D’Alessandro compartieron el viaje a Lago Escondido, con otros.
La Obra Social del Poder Judicial
Las anomalías en la Obra Social del Poder Judicial están en varios pedidos de juicio, incluido uno de la Coalición Cívica, y hay uno específico de los diputados del FDT María Rosa Martínez y Pablo Carro que señala «incumplimientos y desmanejos», que incluye contrataciones irregulares y gastos sin control, revelados por una Comisión de Auditoría desde 2008. Todos los supremos aparecen salpicados.
Las denuncias contra Lorenzetti
Lorenzetti arrastra pedidos de enjuiciamiento previos de referentes de la Coalición Cívica como Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro. Es conocido el enfrentamiento que Elisa Carrió, líder de la CC, tiene con este supremo.
Una de las denuncias precisa 29 hechos a través de los cuales le atribuyen falta de transparencia en su gestión en el tribunal (que presidió once años), como el uso dudoso de los bienes decomisados en causas penales; el manejo del fondo «anticíclico» de la Corte (el dinero que guarda el tribunal pero carece de controles); le adjudican una «matriz de negocios» que habría afectado su función judicial; también operaciones financieras sospechosas a través de la mutual Pyme Rural (supuestamente ligada a Fútbol para Todos); incumplimiento de la Ley de Ética en la presentación de declaraciones juradas. La Asociación de Juristas le reprocha la demora en la jura del senador Mario Pais en el Consejo de la Magistratura para facilitar la votación del jury a Eduardo Freiler.
Espionaje ilegal y filtraciones
La CC le adjudica a Lorenzetti la creación de «una AFI (Agencia de Inteligencia) paralela» capaz de hacer operaciones contra funcionarios, dirigentes políticos, empresarios, periodistas.
La Asociación de Juristas señala, en este rubro, difusión de escuchas judiciales (como las que incluían a Cristina Fernández de Kirchner y a Oscar Parrilli) ya que la estructura de la oficina de escuchas está bajo control supremo desde los inicios del gobierno de Mauricio Macri, aunque sus funciones son mucho más amplias y colabora con investigaciones, en esencia de Comodoro Py.
Del combate a la reforma judicial a la doctrina Irurzun
A Rosatti se lo acusa también de buscar condicionar a los poderes Ejecutivo y Legislativo frente a posibles reformas judiciales, ya que dijo públicamente que antes debían escuchar al Poder Judicial. Fue después que el Senado aprobara la ampliación de la Corte de cinco a quince miembros.
A Lorenzetti se le atribuye la manipulación en la designación del tribunal oral para el juicio sobre la tragedia de Once. A los cuatro supremos, por respaldar la doctrina Irurzun que llevó al abuso de prisiones preventivas. Hay planteos sobre maniobras para favorecer a la exsuprema Highton, cuando no se quería jubilar, y a empresas como Sevel, entre otros.
