Dos residencias para adultos mayores fueron allanadas este miércoles por orden de la jueza Virginia Palacios, que abrió una investigación ante la denuncia hecha por la Comisión de Derechos Humanos dependiente del Programa de Derechos y Garantías Constitucionales del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto por el presunto abandono de ancianos que allí viven. Además de la propia magistrada, de la medida participaron peritos, policías y una médica forense del Poder Judicial, que examinó a los residentes.

En una denuncia anónima recibida por dicho organismo público, se habría referido que en esos establecimientos habitan personas que no recibirían ninguna atención médica —o que no sería la adecuada según las necesidades particulares—, y que serían víctimas de la indiferencia en cuanto a darles los cuidados médicos urgentes. Se indicó también en esa denuncia anónima que los problemas de salud que aquejan a los ancianos no serían abordados por el personal sanitario idóneo y que incluso algunas personas serían atadas y presentarían hematomas, contusiones o lesiones. Ante esa presentación, en el Juzgado Penal 3 empezaron las averiguaciones.

Estas dos casas de alojamiento tienen el mismo nombre: “Amaneceres”. Una está ubicada en Los Zorzales al 400, en Las Chacras, y la otra, en la avenida Cuchi Corral, a la altura del kilómetro 12. En la primera habría 12 ancianos, y en la otra, 8. En ambos casos, el procedimiento se desarrolló de forma tranquila, entre las 9 y las 19. Una de las razones por la que llevó tantas horas es que la médica del Poder Judicial Patricia Gallardo revisó a cada uno de los ancianos, hizo un relevamiento clínico general y una ficha individual con datos e información de interés, como patologías y medicación indicada.

Pero además, el allanamiento se hizo con la misión de constatar cómo son las dependencias, las condiciones de seguridad, higiene y salubridad, y los aspectos edilicios. También para tener un detalle del personal que trabaja y sus funciones, de los médicos o especialistas que trabajan y de los servicios de asistencia médica de emergencia. En el oficio también se disponía del secuestro de material fílmico y telefónico —algo que se hizo—, y de legajos e historias clínicas.

Nota: Ayelén Britos