En San Luis, la lucha contra la corrupción parece enfrentarse a un obstáculo cada vez más difícil de sortear: la falta de impulso por parte de quienes tienen la obligación legal de investigar.
Las recientes decisiones adoptadas por los fiscales Alejandra Quiroga Nassivera y Ricardo Barbeito en causas que involucran a ex funcionarios de la gestión de Alberto Rodríguez Saá vuelven a poner en evidencia un problema estructural que excede nombres propios: el archivo prematuro de denuncias y la paralización de investigaciones sensibles vinculadas al uso de fondos públicos.
Cuando una fiscal decide desestimar una denuncia por presunta defraudación contra el Estado sin ordenar medidas de prueba elementales, sin requerir peritajes técnicos y sin siquiera convocar a la parte denunciante a ratificar su presentación, lo que se archiva no es sólo un expediente. Se archiva también la posibilidad de esclarecer si hubo o no un delito que pudo haber puesto en riesgo recursos públicos y, en este caso, incluso la integridad del personal de emergencias.
Pero el problema no termina allí.
En otras causas que investigan presuntas irregularidades en contrataciones de obra pública o adquisiciones millonarias durante la gestión anterior, la falta de avances en sede fiscal también ha sido motivo de cuestionamientos. Expedientes que involucran a ex funcionarios como Miguel Berardo, Cintia Ramírez, Luciano Anastasi y Claudio Latini permanecen sin impulso significativo, mientras es Fiscalía de Estado quien —en un rol que no le corresponde— solicita medidas de prueba, apela resoluciones y procura sostener procesos penales que deberían avanzar de oficio.
Este desplazamiento de responsabilidades no es menor. El Ministerio Público Fiscal fue concebido como el órgano encargado de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad. Cuando esa función se debilita o se ejerce con criterios que derivan en archivos anticipados o demoras injustificadas, el sistema de control institucional pierde eficacia y la confianza ciudadana comienza a erosionarse.
La cuestión de fondo no pasa por prejuzgar culpabilidades, sino por garantizar que toda denuncia que involucre el manejo de fondos públicos sea investigada con la seriedad que exige el Estado de Derecho. Porque cuando investigar se vuelve optativo y archivar se transforma en la respuesta inmediata, la Justicia deja de ser un contrapeso del poder para convertirse en un factor más de su blindaje.
Y en ese escenario, el verdadero perjuicio ya no se mide sólo en términos económicos, sino en la credibilidad misma de las instituciones encargadas de velar por la transparencia y la rendición de cuentas.
