Este miércoles se llevó a cabo una audiencia en el Juzgado de Garantía N°2 de San Luis en la que se analizaron las medidas de coerción a aplicar sobre dos personas imputadas por el delito de estafa.

Previo a la resolución, el juez Matías Farinazzo Tempestini escuchó los planteos formulados por las querellas y el Ministerio Público Fiscal, quienes solicitaron la prisión preventiva para los acusados. Entre los fundamentos esgrimidos se mencionaron el riesgo de fuga, el peligro de obstaculización del proceso, el pronóstico punitivo, la continuidad de la actividad comercial investigada y la proporcionalidad del daño causado a las víctimas.

En ese sentido, el abogado Flavio Ávila solicitó que, en caso de no hacerse lugar a la medida más gravosa, se dispusieran alternativas como la inhibición general de bienes, la prohibición de acercamiento a los damnificados, la prohibición de salida del país y la obligación de firmar el libro de imputados.

A su turno, el letrado Gastón Yllera sostuvo que las medidas solicitadas resultaban necesarias para preservar el normal desarrollo del proceso judicial y señaló que no existiría voluntad de reparación del daño por parte de los imputados.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Marcelo Palaci, acompañó los argumentos expuestos por las querellas y confirmó que la investigación continúa en curso con la incorporación de nuevos testimonios. En ese marco, requirió la prisión preventiva para uno de los imputados y la detención domiciliaria para la mujer involucrada en la causa.

Por su parte, la defensa, a cargo del abogado Martín Guiñazú, se opuso al pedido al considerar que la prisión preventiva resultaba una medida “ultra gravosa” para el tipo de delito investigado. Asimismo, sostuvo que no se verifican los presupuestos procesales invocados y remarcó que sus defendidos siempre se mantuvieron a derecho y a disposición de la Justicia.

Finalmente, el magistrado resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva y dispuso como medidas de coerción la prohibición de acercamiento a los damnificados, la obligación de firmar el libro de imputados entre el 1 y el 10 de cada mes y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Tras la decisión, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas solicitaron la revisión de las medidas adoptadas, por lo que la causa fue elevada al Tribunal de Impugnaciones.

La audiencia contó además con la intervención de la secretaria Soledad Fernández.