Luego de que la oposición se negara a tratar la ley de alquileres y se retirara de la sesión, el oficialismo votó en soledad la nueva normativa para los contratos de locación, que contempla extender de dos a tres años el tiempo de alquiler y una flexibilización para la presentación de garantías.

Durante la sesión también se sancionó la ley que regula la educación a distancia, implementada por las escuelas de todo el país desde que se inició el aislamiento social preventivo y obligatorio, y se aprobó y giró a la Cámara de Diputados una nueva normativa para la inscripción de sociedades comerciales.

En el cierre del debate, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, cuestionó a la oposición por haberse retirado de la sesión y afirmó que «no acompañan los temas que hacen a la emergencia» sanitaria.

«Se enojan porque trabajamos» y repiten «un relato lleno de mentiras y de obstrucción para socavar el esfuerzo del gobierno nacional» para mitigar los efectos de la pandemia, sostuvo Mayans poco antes de votar la nueva ley de alquileres.

Antes de desconectarse de la sesión, el jefe de los senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, había advertido que la oposición «siempre iba a poner un freno y un límite» a lo que calificó como «atropellos» del oficialismo por «cambiar la hoja de ruta en medio de las peores señales económicas».

El senador aliado de Cambiemos, Juan Carlos Romero, aclaró que la oposición no se oponía a esa ley pero sí al hecho de incluirla en el temario de sesiones remotas cuando «no era una cuestión urgente» porque los inquilinos estaban contemplados en los decretos de suspensión de desalojos dictados por el Gobierno.

La de hoy fue la segunda ocasión en que la oposición abandonó una sesión virtual. La semana pasada, se retiró de la videoconferencia y frenó la aprobación de la ley de alquileres y de educación a distancia al no otorgar los dos tercios de los votos reglamentarios para habilitar el debate sobre tablas.

La nueva ley de alquileres sancionada había recibido media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado y prevé flexibilizar las exigencias para inquilinos de todo el país al permitirles presentar dos opciones de garantía y extender los plazos del contrato de dos a tres años.

En representación del oficialismo, la senadora por Chubut Nancy González ponderó además que la ley le otorga también «posibilidades de acceder a vivienda social a mujeres víctimas de violencia de género y a jubilados y amplía garantías a quienes viven lejos de los grandes centros urbanos».

Los senadores del Frente de Todos aprobaron también, aunque con modificaciones, la nueva normativa que suspende por 180 días la inscripción por internet de sociedades comerciales simplificadas.

Durante este lapso, las inscripciones se efectuarán exclusivamente en soporte papel conforme las disposiciones y procedimientos previstos que al efecto dicte cada Registro Público.

Para defender la suspensión de las SAS, el senador del FdT Oscar Parrilli aclaró que las llamadas sociedades simplificadas «van a seguir» y no habrá «perjuicio a las que ya se constituyeron» pero explicó que lo que se busca «es un mayor» control para evitar anormalidades.

En ese sentido, el senador precisó que la Inspección General de Justicia detectó irregularidades en al menos 20 sociedades registradas y afirmó que la normativa sancionada «va en línea» con disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a las que Argentina adhirió.

La otra normativa aprobada hoy fue la que regula la educación a distancia en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país.

Esta propuesta recibió el apoyo de la oposición por considerar que sí estaba en los términos del acuerdo de convocatoria a sesiones remotas y fue aprobada por unanimidad.

Esta ley establece como «una excepcionalidad» la modalidad de enseñanza a distancia y dispone que deberá contar con una declaración previa del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda.

Además, el texto sancionado determina que la educación a distancia será implementada «cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos».