El intendente de San Francisco del Monte de Oro enfrenta graves acusaciones por apropiarse de un terreno valuado en aproximadamente 200 mil dólares, en complicidad con su esposa, el secretario de Gobierno, Ary Sepak, y otras dos personas. Además, ha solicitado que los medios de comunicación retiren publicaciones sobre el caso y se abstengan de futuros informes.

Este miércoles estaba programada la audiencia de formulación de cargos contra el intendente por una causa de estafa que data de 2001. Los otros implicados incluyen a su esposa, Ivana Castro; el secretario de Gobierno, Ary Sepak; su padre, Davorín Sepak; y la pareja del funcionario, Ayelén Quiroz.

Horas antes de la audiencia, Flores presentó un escrito ante la fiscalía de Instrucción N°3. En el documento, designó a su abogado defensor y solicitó la suspensión de la indagatoria, la eliminación de dos notas en los medios que informan sobre la investigación y la confidencialidad del expediente por tratarse de su condición como «figura pública».

La acusación principal se centra en la apropiación de un terreno ubicado en el centro de San Francisco, cuyo valor ronda los 200 mil dólares. El secretario de Gobierno, Ary Sepak, habría comprado el terreno a su padre Davorín, sin tener en cuenta que la propiedad también pertenecía a Lilia Valdez, esposa de Davorín, quien tenía derechos sobre el inmueble.

El intendente argumentó que la audiencia coincidía con el Día del Maestro, celebración en la que San Francisco será sede del acto provincial, por lo que él y su equipo estarían ocupados con esa actividad. Además, mencionó que su abogado defensor, Facundo Sosa, se encuentra en recuperación de una cirugía de urgencia, lo que impide su presencia en la audiencia.

Además de solicitar la suspensión, Flores exigió que se retiren las publicaciones de los medios, argumentando que son «falacias» y calificó de «antiético» el proceder del abogado de la víctima, Marcelo Estrada, pidiendo que se abstenga de hacer más declaraciones públicas sobre el caso.

Finalmente, Flores solicitó la reserva del expediente para proteger su imagen como figura pública y evitar que «cualquier persona tenga acceso a la información y la use de forma malintencionada», enfatizando la importancia de respetar el debido proceso y su derecho a la defensa.