El Gobierno Nacional, mediante un decreto firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, estableció que todos los trabajadores, cuando ingresen a un nuevo empleo, deberán permanecer al menos un año en la obra social del sindicato de la actividad a la que está asociada su empleador. Este era un reclamo histórico de la CGT y una promesa que el Presidente les había hecho a los sindicalistas en mayo, durante un almuerzo en la Quinta de Olivos. Rápidamente surgieron las críticas de los representantes de la medicina prepaga. Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de la Salud y dueño de Swiss Medical, puntualizó que se trata de una medida que «jode a la gente». En diálogo con Página12, en tanto, el secretario de acción social de la CGT, José Luis Lingeri, afirmó que «es mentira que el decreto coarta el derecho de la gente, porque sigue el mismo régimen de rotación. Lo que se buscó con esta norma es emprolijar hacia adelante el tema de los traspasos, porque en su momento fue un desbande».

Según el decreto 438/2021 «los trabajadores que inicien una relación laboral deberán permanecer un año en la Obra Social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”. Además, la norma indica que «la opción de cambio podrá ejercerse solo una vez al año”. Como contraparte, las obras sociales «deberán garantizar el acceso a la información detallada, completa y adecuada a los beneficiarios respecto de la cobertura prestacional brindada”. 

En un comunicado de la CGT, que firmaron los secretario general, Héctor Daer, Carlos Acuña, Lingeri y el secretario de prensa, Jorge Sola, indicaron que «el DNU que reglamenta la opción de cambio en el sistema de Obras Sociales, viene a terminar con una práctica espuria y anti sindical de los empresarios y gerentes de las empresas de medicina privada, consistente en elegir el prestador del servicio de salud de sus trabajadores en beneficio de sus intereses económicos y para alejarlo del vínculo natural con el sindicato de su actividad». Además, expresaron que «el Presidente reafirmó el poder del sector trabajador de elegir libremente y no aceptar pacíficamente la imposición patronal».

La nueva disposición busca resguardar a las obras sociales, ya que desde los años ’90, con el proceso de desregulación neoliberal en distintos ámbitos, sufrieron un proceso denominado «descreme». Esto significa que los afiliados de salarios altos y las personas más jóvenes, una vez que conseguían un nuevo empleo, rápidamente derivaban sus aportes a las empresas de medicina prepaga generando una distribución inequitativa dentro del sistema.

«El proceso más grande de descreme fue entre el ’90 y el ’95», puntualizó Lingeri. Con respecto a los dichos de los empresarios como Belocopitt, el dirigente subrayó que «no se pueden quejar porque el grueso del descreme ya lo hicieron y perjudicaron a muchas obras sociales. Esta es una medida correctiva que veníamos pidiendo para que a futuro no utilicen esto para cartelizar», añadió. Sobre el nuevo DNU, aclaró que «cuando el trabajador cumple el año puede irse a otra obra social si no está conforme con el servicio». 

El segundo pedido que los sindicalistas habían hecho a Fernández fue un aporte extraordinario del Tesoro nacional por 11.400 millones de pesos dirigidos a las obras sociales por los gastos realizados en pandemia para atender pacientes con discapacidad. Según indicó Lingeri, «está en tratamiento, pero todavía no hay resolución». 

La publicación del DNU se da en el marco de una discusión por parte de las empresas de medicina prepaga para que el Gobierno les permita un aumento en la cuota de sus afiliados que aún no fue aprobado. Otro tema presente es la posible «reforma» del sistema de salud que propuso la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Vinculado a este tema, la diputada de JxC Graciela Ocaña indicó que el DNU significa «un pacto del Presidente con los gremios para resistir el plan de Cristina de unificar el sistema sanitario». Como respuesta, Lingeri detalló que el DNU «no tiene nada que ver con eso. Modificar el sistema de salud no está hoy en discusión». Los diputados de la UCR Alfredo Cornejo y Luis Petri dijeron que la medida hace «perder derechos a los trabajadores» y que los convierte en «rehenes de los sindicatos».

Desde la Federación Argentina de Prestadores de Salud, en tanto, opinaron en diálogo con este diario que «hay que esperar a ver cómo se reglamenta». Sin embargo, agregaron que «en principio no es un tema que afecte al sector prestador en la medida en que no se corte la continuidad de tratamiento porque, por ejemplo, una persona cambie de empleo»